Activistas opositores al cablebús presentarán queja en CDH

Activistas opositores al cablebús presentarán queja en CDH

Durante una rueda de prensa en la que se presentaron como un frente cívico, más de 14 organizaciones vecinales, ambientalistas, defensoras de la movilidad, colectivos jurídicos y promotores de derechos que se oponen a la construcción del cablebús, dieron a conocer que interpondrán una queja común ante laComisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, en contra de diversas declaraciones estigmatizantes que ha hecho el coordinador general de Gabinete del Gobierno de Puebla,José Luis García Parra, y que podrían poner en vulnerabilidad la integridad de las, les y los ciudadanos críticos a este proyecto; una queja de cuya futura presentación ya han informado a la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.

Este martes 21 de abril, representantes de organizaciones como el Colectivo Hermanos Serdán, Manu Vive A.C., Círculo de Amparo, Salvia Urbana, la Asamblea Social del Agua y la Colectiva por el Bienestar Social, expusieron nuevamente los criterios técnicos por los cuales se han manifestado -a lo largo de más de un mes- en contra de la posible afectación de decenas árboles para la construcción de las paradas de los 13.61 kilómetros del sistema cablebús; remarcando que el gobierno sigue sin presentar a la ciudadanía un proyecto transparente y formal que justifique el costo ambiental y su viabilidad como una opción de transporte verdaderamente sustentable.

Señalando que estamos en un país en el que, en las últimas décadas, han sido atacadas, desaparecidas y asesinadas decenas de personas defensoras de derechos, especialmente cuando sus luchas están en el contexto de la protección medioambiental (habiendo sido una de ellas el abogado Isidro Ramos Sandoval, defensor de los afectados por la construcción del teleférico de Uruapan, Michoacán, asesinado el 25 de marzo de 2025) y recordando que el Estado Mexicano ha fallado en la implementación de las medidadas de protección a defensores ambientales contenidas en el Acuerdo de Escazú (ratificado en 2021), el abogado Arturo Mendoza, del Colectivo Hermanos Serdán, y el activista Armando Pliego Ishikawa, de Manu Vive, hicieron un llamado a todos los funcionarios -y particularmente a García Parra- a no criminalizar ni estigmatizar la lucha social, usando expresiones de corte amenazante como “los tenemos ubicados” o “ya sabemos quienes son”, puesto que ese lenguaje puede polarizar a la opinión pública y poner en riesgo la seguridad de las personas.

Pidieron a las autoridades dejar de obstaculizar el diálogo con la población y tratar con respeto a las personas que se han manifestado en todos momento de manera pacífica, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la protesta y la libertad de expresión, y le exhortaron a actuar conforme a la ley, comprendiendo que sus críticas a la obra parten de hechos y conocimiento de las posibles afectaciones, y que se han acrecentado ante la opacidad con la que las autoridades se han comportado en este tema en el que además parece imperar una improvisación que se aprecia en hechos como el que presentaron una estimación inicial de más de 996 árboles a talarse o reubicarse para la construcción, pasando después a 752 y finalmente a una cifra de sólo 97 árboles a intervenirse, sin dar ninguna explicación técnica que compruebe que esto sea el resultado de estudios adecuados, contenidos en un Manifiesto de Impacto Ambiental, y no meras declaraciones publicitarias.

Comentaron lo “innecesarios” e imprudentes que son los comentarios del coordinador de gabinete, especialmente al estar tratando con movimientos sociales, y ciudadanos en general, que en todo momento se han identificado y que han abordado este tema desde distintos ángulos socioambientales y culturales que evidencian que el proyecto adolece de una perspectiva ambiental actualizada y no cuenta con un plan integral de interconectividad con el resto de los medios de movilidad en la capital poblana, sino que parte de un discurso de contraposición total a los sistemas actuales de transporte y de menosprecio por la delicadeza de los espacios naturales y culturales en los que se busca construir, como lo son el Parque Juárez, el Parque Ecológico, el cerro de Amalucan, el Parque Biblioteca, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH), entre otros.

No se puede siquiera calcular la magnitud total de impacto de una obra que no se expone plenamente

Las organizaciones puntualizaron que, contrario a lo que han dicho e los últimos días el gobernador Alejandro Armenta Mier y el coordinador de Gabinete, no se han atendido las dudas de la ciudadanía sobre este proyecto que ni siquiera la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha recibido -según ella misma lo informó en la mesa hecha con estudiantes respecto a la parada que se proyecta en la Universidad para Adultos-, sino que el tema sigue tan opaco que los colectivos jurídicos que llevan los amparos de más de 40 vecinos de Prados Agua Azul, se han visto obligados a sostener una estrategia de ampliación de amparos que actúen conforme se vayan develando más datos, puesto que hasta el momento no se puede siquiera calcular la magnitud total de impacto de una obra que no se expone plenamente a la ciudadanía.

En este mismo sentido, sobre la pregunta de este medio respecto a las posibles afectaciones al patrimonio cultural en dos paradas en específico en las que, durante el morenovallismo, dos luchas sociales lograron modificaciones de proyectos debido a su posible vulneración: la parada del cerro de Amalucan, en la que se encuentra una zona arqueológica, y la parada del CENHCH, que está justo pasando el límite de la zona de monumentos del Centro Histórico de Puebla, pero que está lo suficientemente cerca como para poder afectar el paisaje de los cuadros considerados Patrimonio de la Humanidad; los activistas señalaron que no han tenido una sola noticia acerca de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) haya solicitado información o participado de alguna manera en los estudios que por ley tendría que tener la obra del cablebús; así como tampoco se han presentado indicios de que el Ayuntamiento de Puebla o las Secretarías de Cultura estatal y municipal hayan intervenido para garantizar que se cumpla con la norma técnica de protección al Parque Juárez.

Recalcaron que, además de proporcionar servicios ecosistémicos, varios de los parques en los que se proyectan paradas tienen un valor histórico y de encuentro social, además de ser espacios deportivos. Sobre este último punto, las autoridades tampoco han presentado información -con excepción del Parque Ecológico, del que sí han dado declaraciones – respecto a cómo se proyecta compensar por todas las áreas deportivas que podrían ser retiradas para las paradas del cablebús.

Con 7 mil millones de pesos se podrían atender las necesidades de transporte de 300 mil personas en tierra

En torno a las declaraciones del Gobierno estatal respecto de que la construcción del cablebús no dejará deuda pública como lo hicieron los proyectos de administraciones pasadas, se les preguntó en cuánto tiempo y en que condiciones podría constatarse que el proyecto, tal como está planteado pagaría por el costo de su inversión de más de 7 mil millones de pesos, a lo que los activistas respondieron insistiendo en que la opacidad de la obra impide poder tener proyecciones totalmente fiables sobre su impacto en todos los aspectos, incluyendo al económico, pero por lo poco que ha revelado el gobierno y que ha dejad ver improvisación y un mal planteamiento base, no se tienen expectativas positivas: pues, si bien en México y el mundo existen casos de éxito de sistemas cablebús construidos por la empresa Doppelmayr -a la que se le ha comisionado el cablebús de Puebla- , también existen ejemplos muy conocidos de fracasos, en Brasil, Londres y otras ciudades, en las que se ha sobreestimado la demanda de este transporte y ha tenido que ser sacado de circulación o reducir sus horarios de funcionamiento por estar dejando más costos que beneficios; cosa que también podría pasar en Puebla al no presentar las condiciones de conectividad necesarias para ser efectivo.

En este punto comentaron que, en un análisis hecho al lado del Colegio de Urbanistas del Estado de Puebla, aquellos casos de cablebuses que han resultado ser eficaces, son aquellos en los que funciona como un alimentador del sistema truncal de transporte, como ocurre en la Ciudad de México; pero en Puebla, lo que se ha dicho de la obra muestra que no fue concebida de esta manera, sino que fue propuesto como un sistema en competencia con el resto de los medios de transporte que tenemos, ya que la idea de usar la misma tarjeta del metrobús y tener descuentos cuando se transborda, comenzó a manejarse hasta la semana pasada, y en el mesde diciembre del año pasado aún se hablaba de usar una tarjeta completamente diferente.

Pliego Ishikawa hizo énfasis en el hecho de que las autoridades han reiterado, casi de manera diaria, la comparativa entre el cablebús y los transportes terrestres que ya tenemos, dejando claro que no están pensándolos de manera integrada ni tienen un plan de atención conjunta a los problemas de movilidad que nos aquejan, cuando podrían dedicar una inversión de 7 mil millones, que en el cielo alcanzan para atender a 25 mil pasajeros diarios de 45 colonias, mientras que en tierra podrían alcanzar para atender a 300 mil personas de muchas más zonas.

“Nos dicen, “miren como no contamina, en el cabebús no va a haber acoso”, pero no nos dicen cómo van a hacer para que deje de haber acoso en los otros transportes (…) basicamente nos están planteando “la superficie ya está echada a perder, no vamos a hacer nada para rescatar la superficie y ahora vamos a transportarnos por el aire porque el suelo ya va a ser de los coches y va a ser del tráfico, y de la contaminación y el caos, cuando más bien lo que necesitamos es arreglar la ciudad a nivel de suelo”.

“La lucha apenas comienza”, viene una nueva marcha y una acción por el Día de la Tierra

Finalmente, ante la pregunta de algunos medios respecto hasta dónde llegará la lucha social, la activista Aiko León, del colectivo Salvia Urbana, señaló que este proceso está muy activo y no ha dejado de realizar marchas y acciones de difusión de información e integración de ciudadanos en defensa de las áreas verdes y la movilidad que han dejado ver, en su apoyo a las peticiones digitales de páginas como Change,Org, en comentarios de redes sociales, y en la participación directa en las movilizaciones, se oponen a este proyecto porque no aprueban el riesgo en que podría poner a la flora y la fauna, porque no están de acuerdo en la opacidad con la que se ha manejado y porque consideran que hay necesidades más grandes que atender.

Tanto ella como el resto de los activistas señalaron que aún hay muchos temas pendientes con las autoridades ambientales, pues, más allá de que ahora -tras semanas de manifestaciones de indignación social- han reducido a sólo 97 su estimación de árboles a ser podados y “trasplantados”, aún está por verse la seriedad de esta afirmación de la que no han dado suficiente sustento para poder confiar en ella, y hay otros problemas a atende: como el que su llamado “bosque urbano” plantó de manera inadecuada centenares de acacias, que son árboles no nativos y sumamente invasivos que podrían generar otro conflicto; o el hecho de que se ha dicho que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya ha emitido permisos, pero es difícil confiar en que haya hecho exámenes suficientemente exhaustivos cuando en puntos como el cerro de Amalucan viven numerosas especies animales y vegetales que podrían ser afectadas, como es el caso de las más de 40 especies animales que habitan el Parque Ecológico, siendo muchas de ellas aves migratorias que podrían ser lastimadas o expulsadas por las paradas y los cables, o como el caso del gavilán de Cooper, que es un ave, que habita en el Parque Juárez y que tiene estatus de especie Bajo Protección Especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010

Por todos estos motivos, este frente de organizaciones anunció que el próximo 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, realizarán un cacerolazo, y el domingo 26 de abril tendrán una nueva marcha contra el cablebús.

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