Israel Vallarta Cisneros anunció que emprenderá acciones legales contra el periodista Ciro Gómez Leyva por el daño que, aseguró, le causó durante los casi 20 años que permaneció privado de la libertad, y adelantó que, en caso de obtener una indemnización económica, los recursos no serán para su beneficio personal, sino que se destinarán a organizaciones y fundaciones dedicadas a la defensa de personas encarceladas injustamente.
Durante una conferencia impartida en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Puebla, Vallarta afirmó que la demanda forma parte de una estrategia jurídica más amplia que también contempla exigir al Estado mexicano una reparación integral por el tiempo que permaneció preso sin recibir una sentencia condenatoria.
El defensor sostuvo que los recursos obtenidos mediante una eventual resolución favorable serían utilizados para respaldar causas relacionadas con los derechos humanos y la representación legal de personas que aseguran haber sido víctimas de fabricación de delitos.
“Sí vamos por eso, está ya estudiado, va a ser lo más que se pueda. (…) Nosotros no queremos un peso ni un centavo de ese dinero y públicamente renunciamos otra vez aquí frente a ustedes; cada peso, cada dólar o cada euro va a ser destinado a fundaciones, buenas causas”, declaró.
Añadió que el destino de esos recursos será transparente y se formalizará ante fedatario público.
“Lo voy a hacer público en su momento y lo voy a hacer ante un notario”, afirmó.
Vallarta insistió en que las acciones judiciales no buscan limitar la libertad de expresión ni establecer un precedente de censura contra periodistas o medios de comunicación.
“No somos alfiles ni piezas de ningún poder, de ningún color. (…) No fuimos contratados por nadie, no tenemos convenio con nadie. Mi libertad no se pactó con nadie”, sostuvo.
En el mismo acto, su esposa, la activista y defensora de derechos humanos María Guadalupe Vicencio Sánchez, conocida públicamente como Mary Sainz, afirmó que ambos comenzarán a brindar acompañamiento a personas privadas de la libertad en Puebla que sostienen haber sido encarceladas injustamente.
Explicó que algunos internos ya se acercaron a ellos para solicitar apoyo y adelantó que los casos serán canalizados a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) para buscar su intervención.
Entre ellos destacó el de un abogado que, según dijo, lleva más de 29 años preso y cuyo expediente, afirmó, contiene elementos que acreditarían su inocencia, además de documentación relacionada con el Protocolo de Estambul por presuntos actos de tortura.
La confrontación entre Vallarta y Gómez Leyva se intensificó en días recientes, luego de una entrevista concedida por el primero al comunicador tras recuperar su libertad. Durante ese intercambio, ambos confrontaron sus posturas sobre el tratamiento informativo del caso y la cobertura mediática que recibió Vallarta desde su detención en diciembre de 2005.
Posteriormente, Vallarta acusó al periodista de haber contribuido durante años a sostener una narrativa que lo presentó como culpable antes de que existiera una sentencia judicial, mientras que Gómez Leyva rechazó esas acusaciones y defendió el trabajo periodístico realizado sobre el caso. Diversos periodistas y analistas expresaron públicamente su respaldo al conductor, al considerar que una eventual demanda no debe traducirse en restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.
Frente a ese debate, Vallarta sostuvo que su intención no es inhibir el trabajo de la prensa, sino exigir responsabilidades cuando, a su juicio, se vulneran derechos mediante señalamientos que terminan afectando la vida de las personas.
“No queremos hacer un bozal a los periodistas con ética (…). También apoyamos la libre expresión, pero no permitimos que se rebasen los límites donde ya violentan nuestros derechos y causan daño”, expresó Mary Sainz durante la conferencia.
La participación de Vallarta y Sainz formó parte del Foro Académico “No era penal. Más allá de los muros: Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en México”, organizado por la CDH Puebla en el Tecnológico de Monterrey, campus Puebla.
El encuentro reunió a integrantes de las comunidades académica, legislativa y judicial, además de autoridades estatales y municipales, organizaciones civiles, activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo fue analizar las violaciones graves que pueden presentarse durante los procesos penales y penitenciarios, así como los obstáculos para garantizar el debido proceso, la dignidad humana, la reinserción social y el acceso efectivo a la justicia.
Durante su intervención, Vallarta relató las consecuencias personales, familiares y sociales que enfrentó tras permanecer dos décadas en prisión preventiva y posteriormente obtener una sentencia absolutoria. También anunció la próxima publicación de un libro en el que narrará experiencias de su estancia en prisión y su convivencia con personas de notoriedad pública.
Por su parte, Sainz explicó que su labor como defensora comenzó con el acompañamiento de casos de feminicidio, violencia sexual y desaparición de personas. Señaló que ese trabajo la llevó a conocer y respaldar el proceso de Israel Vallarta, pese a las agresiones, actos de hostigamiento e intentos de soborno que aseguró haber enfrentado y documentado.
La presidenta de la CDH Puebla, Isela Sánchez Soya, indicó que el foro fue realizado en el contexto del Día Internacional de Nelson Mandela y llamó a colocar la dignidad humana, la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en el centro de la actuación pública.
Sánchez Soya sostuvo que la justicia no concluye con la imposición de una sentencia, sino que debe incluir la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida, reparar los daños y preparar a las personas privadas de la libertad para su regreso a la comunidad.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Primera Visitaduría General de la CDH Puebla, Luis Durán Cerón, señaló que el organismo promoverá espacios de diálogo para identificar los obstáculos que persisten en el acceso a la justicia y visibilizar prácticas que vulneran los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
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