El gobierno del estado iniciará una auditoría integral al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), luego de la salida de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien permaneció al frente del organismo durante más de 13 años y fue una de las figuras clave en la operación del modelo privatizado del agua en la capital y su zona metropolitana.
El anuncio fue realizado este martes por el gobernador Alejandro Armenta Mier durante su conferencia de prensa mañanera, efectuada en la colonia El Cristo, previo a la entrega de obras de rehabilitación vial en la calle 12 Oriente. Ahí, el mandatario confirmó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la encargada de revisar la gestión administrativa y financiera del organismo.
Armenta subrayó que el proceso de fiscalización se realizará sin recurrir a prácticas de persecución política o “juicios sumarios”, aunque dejó claro que no habrá tolerancia frente a omisiones o irregularidades detectadas durante la entrega-recepción. Señaló que, a diferencia de administraciones pasadas, la revisión se conducirá bajo criterios institucionales y con apego al debido proceso.
Gustavo Gaytán Alcaraz asumió la dirección del SOAPAP en el sexenio de Rafael Moreno Valle y logró mantenerse en el cargo a lo largo de cinco gobiernos estatales. Su administración fue el eje operativo de la concesión del servicio de agua potable firmada en 2013, un esquema que ha sido cuestionado por incrementos tarifarios, fallas recurrentes en el suministro y opacidad en el manejo del organismo.
En ese contexto, el gobernador precisó que el relevo en la titularidad del SOAPAP —que ahora encabezará Josefina Morales Guerrero, exsecretaria de Finanzas— responde a una necesidad de reordenamiento administrativo y no a una vendetta política. No obstante, advirtió que cualquier falta deberá ser explicada.
“Si cometió algo, tiene derecho a explicar. No hay juicios sumarios, pero si hubo faltas, se tendrán que aclarar”, afirmó.
Armenta también responsabilizó directamente a las autoridades que avalaron la privatización del agua, al señalar que la decisión fue tomada por el gobernador y el alcalde en funciones en aquel momento, quienes —dijo— convirtieron un derecho humano en un negocio.
Como medida emergente frente a la escasez, el Ejecutivo estatal informó la adquisición de 100 pipas para garantizar el abasto en colonias con mayor déficit, mientras se resuelve el conflicto jurídico y operativo con la empresa concesionaria.
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