El Gobierno de México presentó este martes la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el fin de garantizar justicia y atención integral a víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad.
La propuesta fue dada a conocer durante la Mañanera del Pueblo de este martes 24 de marzo, por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar. El proyecto será remitido de inmediato al Senado de la República para su análisis.
La iniciativa plantea un cambio de fondo en la forma en que se atienden estos delitos en el país. Entre sus puntos centrales, establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el primer momento como feminicidio, con perspectiva de género y bajo el principio de diligencia reforzada, a fin de evitar que los casos se clasifiquen de manera incorrecta y queden impunes.
Además de endurecer las sanciones —con penas de 40 a 70 años de prisión y carácter imprescriptible—, el planteamiento pone énfasis en la reparación integral del daño. Esto incluye atención médica, psicológica y asesoría jurídica gratuita, así como la restitución digna de los cuerpos. También contempla medidas específicas para garantizar derechos a menores que pierden a sus madres por este delito.
En este sentido, Ingrid Gómez detalló que la propuesta incorpora de manera explícita a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, así como a padres, madres y hermanos de las víctimas, quienes también serán considerados como víctimas indirectas con acceso a derechos y acompañamiento institucional.
Entre los derechos que contempla la iniciativa se encuentra el acceso a la verdad y a la justicia, la atención médica y psicológica de urgencia tanto para sobrevivientes como para familiares, así como la asistencia jurídica especializada y gratuita. También se garantiza la seguridad social para menores en orfandad, la restitución o entrega del cuerpo de la víctima de manera digna, respetuosa y asistida, y servicios de traducción para asegurar el acceso pleno a la justicia.
La propuesta establece que la reparación del daño deberá ser integral, con un enfoque transformador, adecuado, efectivo, rápido y proporcional a la gravedad de los hechos, con el objetivo de restituir derechos y atender las consecuencias del delito en las víctimas.
Asimismo, se fijan obligaciones para distintos actores. Los medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas en la cobertura de los casos, mientras que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a garantizar el derecho a la verdad.
Otro de los ejes es la homologación de protocolos en todo el país, lo que obligaría a autoridades de los tres niveles de gobierno a actuar bajo los mismos criterios. Para ello, se prevé la creación de registros nacionales de feminicidios y de menores en situación de orfandad, así como la conformación de grupos especializados y mecanismos de coordinación entre fiscalías, policías y áreas de atención a víctimas.
Durante la presentación, Godoy subrayó que el feminicidio debe entenderse como una violación grave a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado. En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que con esta ley se busca impedir que los ministerios públicos descarten de inicio la posibilidad de feminicidio en las investigaciones.
La propuesta retoma el modelo aplicado en la Ciudad de México, donde, según lo expuesto, investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo este criterio permitió reducir niveles de impunidad.
Por ahora, se trata de una iniciativa en proceso. Su aprobación dependerá de la discusión en el Congreso, donde se definirá si este nuevo marco legal se convierte en obligatorio para todas las entidades del país.
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