El proyecto obliga a las plataformas a retirar contenidos violentos, reforzar la privacidad y habilitar controles parentales; el Gobierno federal prevé publicarlo la próxima semana.
El Gobierno federal busca establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el propósito de proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan la violencia, el abuso sexual, los discursos de odio y las autolesiones. Sin embargo, el proyecto de decreto no contempla sanciones inmediatas para las empresas que incumplan las medidas, por lo que su aplicación plantea dudas sobre los mecanismos para exigir resultados.
Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de octubre, en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó los principales puntos de la propuesta, que busca incorporar medidas de seguridad desde el diseño y funcionamiento de los servicios digitales.
El anuncio ocurre después del ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde una agresión con armas blancas causó la muerte de la subdirectora del plantel y dejó personas heridas. Tras el caso, el Gobierno federal planteó reforzar las medidas de prevención frente a contenidos que promuevan agresiones, particularmente en el entorno escolar.
¿Qué contenidos busca restringir el decreto?
El proyecto plantea impedir que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a contenidos, imágenes o videos que promuevan conductas violentas o representen un riesgo para su integridad.
Entre las publicaciones que busca restringir se encuentran los discursos de odio y el extremismo violento, el abuso y la explotación sexual, el material sexual explícito, así como los contenidos relacionados con el suicidio, las autolesiones deliberadas y los trastornos alimenticios.
La lista también incluye la violencia escolar, el acoso, el ciberacoso, el ciberbullying y las publicaciones que promuevan conductas ilícitas.
La propuesta pretende que las empresas no dependan únicamente de las denuncias de los usuarios para actuar, sino que desarrollen mecanismos propios para detectar y retirar contenidos que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.
Estas son las obligaciones para las plataformas digitales
El proyecto establece una serie de medidas que las empresas deberán incorporar para reforzar la seguridad de sus usuarios menores de edad.
Retirar contenidos y cuentas violentas. Las plataformas deberán identificar y eliminar de inmediato publicaciones o perfiles que promuevan o generen cualquier forma de violencia.
Clasificar las publicaciones por edad. Tendrán que establecer mecanismos para distinguir los contenidos según el público al que van dirigidos y limitar la exposición de menores a material inadecuado.
Incorporar controles parentales. Deberán ofrecer herramientas sencillas y accesibles para que madres, padres o tutores puedan supervisar la actividad digital de sus hijas e hijos.
Reforzar la privacidad desde el inicio. Las cuentas de menores deberán contar, de manera predeterminada, con las configuraciones más restrictivas de seguridad y privacidad.
Facilitar las denuncias. Las empresas tendrán que habilitar canales accesibles para reportar cuentas, usuarios o publicaciones que promuevan agresiones o vulneren la integridad de otras personas.
Mantener comunicación permanente con las autoridades. El proyecto contempla un punto de contacto disponible las 24 horas del día, durante toda la semana, para atender requerimientos oficiales.
Preservar y entregar evidencias. Las compañías deberán colaborar con las autoridades competentes mediante la conservación y entrega de información relacionada con posibles delitos, conforme a los requerimientos aplicables.
Alertar sobre contenidos que amenacen la vida. Cuando identifiquen publicaciones que representen un riesgo contra la vida de una persona, deberán dar aviso inmediato a las autoridades.
Con estas disposiciones, el Gobierno federal busca que la protección de la infancia no recaiga exclusivamente en las familias, sino que también forme parte de las responsabilidades de las empresas que administran las plataformas digitales.
Sheinbaum plantea adhesión voluntaria, pero advierte que las medidas no son opcionales
Uno de los puntos que genera dudas sobre el alcance de la propuesta es la ausencia de sanciones inmediatas para las plataformas que no cumplan con las obligaciones anunciadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esta condición durante su conferencia matutina y explicó que, en una primera etapa, su administración buscará que las compañías se sumen a las medidas de protección.
“No tiene sanciones como tal el decreto y el objetivo es que las plataformas se sumen de manera voluntaria a esta protección de niñas y niños en México”, declaró.
Sin embargo, la mandataria también sostuvo que las empresas no pueden decidir libremente si protegen o no a los menores frente a contenidos violentos.
Ante un posible incumplimiento, señaló que su gobierno podría impulsar una regulación posterior que contemple sanciones. Por ahora, no se han precisado las consecuencias jurídicas que enfrentarían las plataformas que ignoren las disposiciones planteadas.
Sheinbaum prevé que el documento se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el martes 13 o miércoles 14 de octubre, una vez que concluya su revisión y se dialogue con las compañías tecnológicas.
También prevén acciones de prevención y apoyo psicológico
Además de las medidas dirigidas a las empresas, el Gobierno federal anunció acciones para promover el uso responsable de internet y fortalecer la atención a problemas relacionados con la salud mental.
Entre ellas se encuentra la difusión del programa ABC de las emociones, en coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, así como la orientación psicológica a través de la Línea de la Vida, en el número 800 911 2000.
La Consejería Jurídica también instalará una mesa de trabajo para analizar posibles medidas regulatorias adicionales si las disposiciones iniciales resultan insuficientes.
El proyecto se fundamenta en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No obstante, al 9 de octubre, la publicación oficial del decreto aún estaba pendiente, por lo que su contenido definitivo y las condiciones para exigir su cumplimiento deberán verificarse una vez que aparezca en el DOF.
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