La Red Puebla de Periodistas exhortó al Congreso local a respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el artículo 480 del Código Penal de Puebla, con el que se tipificaba el delito de ciberasedio, y advirtió que no debe abrirse la puerta a una nueva norma que termine afectando la libertad de expresión en el estado.
Mediante un pronunciamiento, la agrupación expresó su preocupación por la intención anunciada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, de impulsar una nueva figura jurídica contra el acoso digital, luego de que la Corte echó abajo la disposición aprobada por el Legislativo poblano. La Red sostuvo que cualquier intento en ese sentido debe apegarse a los principios de legalidad y taxatividad, además de respetar la mínima intervención del derecho penal y las libertades informativas.
El posicionamiento se produjo después de que la SCJN invalidó el artículo 480 al considerar que su redacción era ambigua y vulneraba el principio de legalidad, por lo que la resolución dejó sin efectos esa figura penal y además estableció efectos retroactivos en favor de las personas denunciadas con base en ese precepto. La impugnación fue promovida mediante la acción de inconstitucionalidad 88/2025.
En su comunicado, la Red Puebla de Periodistas también llamó al Congreso a tomar en cuenta posturas como la expresada durante la discusión en la Corte, donde se señaló que ya existe en la legislación local la figura del ciberacoso, prevista en el artículo 278 Nonies del Código Penal, por lo que cuestionó la necesidad de crear un nuevo delito.
La agrupación pidió además que no se utilice la protección de niñas, niños y adolescentes como argumento para construir disposiciones que puedan convertirse en instrumentos contra la libre expresión de la ciudadanía. En su mensaje, insistió en que el Poder Legislativo debe asumir el revés judicial como una llamada de atención sobre la necesidad de redactar normas claras, precisas y respetuosas de derechos fundamentales.
El contexto inmediato de este pronunciamiento es la decisión anunciada por el líder del Congreso, Pavel Gaspar, local de acatar el fallo de la Corte, pero al mismo tiempo promover una nueva figura jurídica para sancionar el acoso en entornos digitales, ahora con una redacción que, según dijo, cumpla con el rigor técnico exigido por el máximo tribunal.
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