El estado de Puebla se mantiene entre las entidades afectadas por el robo de hidrocarburos, un problema que también se relaciona con las irregularidades en la comercialización de gasolina y diésel. A nivel nacional, el gobierno federal puso en marcha medidas para combatir el llamado huachicol fiscal, entre ellas la suspensión de 180 empresas del padrón de importadores.
Las acciones que fueron presentadas en la Conferencia del Pueblo, buscan frenar prácticas ilegales en la importación y venta de combustibles, así como detectar operaciones en las que existen diferencias entre los volúmenes adquiridos, comercializados y facturados. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades federales, durante 2025 se identificó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros, con un valor estimado de 61 mil 700 millones de pesos.
En el caso de Puebla, el problema del robo de hidrocarburos mantiene presencia en distintas regiones del estado. Durante el primer trimestre de 2026, la entidad registró 157 tomas clandestinas en ductos de gas LP, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo a datos de fuentes periodisticas
Este registro da cuenta de una de las modalidades del robo de combustibles que afecta a la entidad. Sin embargo, el huachicol fiscal tiene características distintas: no se limita a la extracción ilegal mediante perforaciones en ductos, sino que puede involucrar el ingreso irregular de hidrocarburos al país, la evasión de impuestos y el uso de documentación falsa para comercializarlos.
Por ello, las autoridades federales han reforzado la revisión de empresas que participan en la importación, distribución y venta de estos productos. Además de las 180 compañías suspendidas del padrón de importadores, se reportó la cancelación de registros de empresas que comercializaban hidrocarburos sin los permisos correspondientes, así como la identificación de posibles operaciones relacionadas con facturación irregular.
En materia de supervisión, la Comisión Nacional de Energía también informó sobre la cancelación de permisos de expendio y comercialización, mientras que otros quedaron sujetos a procedimientos administrativos. Por su parte, Pemex ha presentado miles de denuncias relacionadas con el robo de combustible, una práctica que persiste en diversas zonas del país.
Aunque el robo mediante tomas clandestinas y el contrabando de combustibles responden a mecanismos diferentes, ambos representan desafíos para las autoridades encargadas de vigilar el mercado energético. En Puebla, la incidencia de perforaciones ilegales en ductos mantiene vigente la preocupación por el impacto de estas actividades en la seguridad y la distribución de hidrocarburos
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