El perdón a Marilyn Cote no detiene su proceso federal

Los acuerdos económicos que Marilyn Cote ha alcanzado con la mayoría de las personas que la denunciaron por ejercer una profesión sin contar con la acreditación correspondiente no son suficientes para que recupere su libertad.

Aunque nueve víctimas aceptaron una reparación económica y otorgaron el perdón dentro de los procedimientos que se siguen en Puebla, la seudoprofesionista permanecera en el Penal Femenil de Ciudad Serdán debido a un proceso distinto que enfrenta ante la justicia federal.

La diferencia está en los delitos que se le atribuyen y, sobre todo, en la competencia de las autoridades que llevan cada expediente. Mientras algunas de las acusaciones del fuero común pueden resolverse mediante acuerdos entre las partes, la investigación federal relacionada con el suministro de medicamentos controlados mantiene su propio curso y no queda anulada por los convenios alcanzados en Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al menos nueve víctimas aceptaron negociar con la defensa de Cote. Estos acuerdos permiten reparar el daño y, cuando la legislación lo contempla, pueden conducir a la conclusión del procedimiento penal.

Sin embargo, dos víctimas decidieron mantener sus denuncias. Esa determinación impidió que los procedimientos locales quedaran completamente cerrados y permitió que la FGE continuara con las acusaciones que permanecen vigentes por hechos como presunta usurpación de profesión y fraude.

La titular de la Fiscalía , Idamis Pastor Betancourt, incluso recomendó a las víctimas no aceptar los acuerdos propuestos por la defensa. No obstante, reconoció que la institución no puede obligarlas a continuar con un proceso si la ley permite que opten por la reparación del daño.

El punto resulta relevante porque el perdón de una víctima no opera de manera general sobre todos los procedimientos que pueda enfrentar una persona. Su alcance se limita al asunto y al delito en el que jurídicamente sea procedente.

Por eso, los acuerdos logrados por Cote en Puebla no tienen efectos sobre el expediente que lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

En el ámbito federal, Cote enfrenta un proceso por el presunto suministro no autorizado de narcóticos, relacionado con la prescripción y entrega de medicamentos controlados.

En julio de 2026, un juez de control federal con sede en Puebla la vinculó a proceso y determinó que debía permanecer bajo prisión preventiva oficiosa. Esa resolución mantiene vigente su reclusión independientemente de lo que ocurra con las denuncias que se tramitan ante las autoridades estatales.

En otras palabras, aun cuando todas las víctimas del fuero común decidieran aceptar una reparación económica, ese resultado no sería suficiente para ordenar su libertad mientras permanezca vigente la medida cautelar dictada dentro del proceso federal.

El expediente comenzó a adquirir notoriedad pública en noviembre de 2024, cuando el proyecto Charlatanes Médicos difundió en redes sociales señalamientos sobre las credenciales profesionales con las que Cote se presentaba como especialista en Medicina y Psiquiatría.

A partir de aquellas publicaciones se desencadenaron investigaciones y actuaciones de distintas autoridades. Su consultorio, localizado en las Torres Médicas de Puebla, fue clausurado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Después de permanecer fuera del alcance de las autoridades, Cote fue localizada en Tlaxcala, donde fue detenida en cumplimiento de una orden judicial.

Desde entonces, el expediente ha seguido diferentes rutas. La defensa ha intentado resolver parte de las acusaciones mediante mecanismos de reparación del daño, mientras que la investigación federal avanzó por un señalamiento relacionado con medicamentos controlados.

La situación deja una diferencia jurídica que resulta clave para entender por qué los acuerdos económicos no han cambiado su condición de interna. No se trata de un solo procedimiento con una sola acusación, sino de procesos que corresponden a autoridades distintas y que tienen consecuencias jurídicas independientes.

La reparación acordada con una víctima puede tener efectos sobre el delito por el que esa persona presentó una denuncia, pero no puede cancelar por sí misma un proceso federal iniciado por hechos distintos.

Así, el caso de Cote permanece abierto en dos frentes. En Puebla, la FGE mantiene las actuaciones relacionadas con las víctimas que decidieron continuar con sus denuncias; en el ámbito federal, la FGR sostiene el proceso que actualmente determina su permanencia en prisión.

El resultado es que el dinero pactado para reparar parte de los daños reclamados no se traduce, por ahora, en libertad. El proceso federal es el que mantiene vigente la medida de prisión preventiva y marca el límite frente a las salidas negociadas en el fuero común.