La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales y señaló a un grupo de empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante casi tres décadas habría obtenido contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE).
Durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 5 de noviembre, la mandataria explicó que esta red de proveedores tiene antecedentes desde finales de los años noventa, cuando comenzó a operar en el Estado de México. De acuerdo con la exposición del Gobierno federal, las compañías ampliaron su presencia en distintas entidades mediante procedimientos de contratación en los que, presuntamente, simulaban competir entre sí para repartirse los contratos.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Estas compañías participaban en licitaciones para suministrar boletas, urnas, mamparas y otros materiales utilizados durante las jornadas electorales.
Según la investigación presentada, varias de estas firmas aparecían como competidoras en los mismos concursos, aunque mantenían vínculos entre sí. El mecanismo consistía en presentar propuestas económicas previamente acordadas para simular una competencia y definir cuál de las empresas obtendría cada contrato.
Buenrostro también expuso posibles irregularidades en la estructura financiera de las compañías. Entre los hallazgos mencionó patrones asociados con empresas factureras, así como el presunto uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales de las operaciones.
La funcionaria señaló que entre las personas utilizadas para registrar empresas o figurar como representantes había adultos mayores y jóvenes, incluso personas de 96 y 18 años. También refirió posibles casos de robo de identidad, elementos que forman parte de las líneas de investigación sobre el funcionamiento de este entramado empresarial.
Contratos por miles de millones de pesos
La información presentada sobre las contrataciones da cuenta de la dimensión económica del caso. De acuerdo con datos del Órgano Interno de Control del INE, cinco empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon contratos por 2 mil 561 millones de pesos en 27 organismos electorales locales durante los últimos 12 años.
El registro contempla 106 contratos, de los cuales 53 fueron adjudicados mediante licitación pública. Según la información expuesta por el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, las compañías habrían utilizado mecanismos de aparente competencia para participar en los procedimientos y distribuirse las adjudicaciones.
Por otra parte, una investigación publicada por El País documentó 853 millones de pesos en 21 licitaciones en las que participaron al menos dos empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. El análisis también identificó contrataciones en organismos electorales locales, el INE y Talleres Gráficos de México.
Sheinbaum aclaró que el esquema señalado no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, sino que tiene antecedentes en administraciones anteriores. La exposición también puso en el centro de la discusión la continuidad de los mismos proveedores y la concentración de contratos para fabricar y distribuir materiales electorales.
UIF y ASF revisan las contrataciones
Las presuntas irregularidades también han motivado acciones por parte de instancias federales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo preventivo de cuentas de personas físicas y morales vinculadas a la red y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y simulación de competencia.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abiertas revisiones sobre los procesos de contratación e integración de insumos electorales en el INE y en los organismos locales para deslindar eventuales responsabilidades administrativas.
En este contexto, la presidenta planteó modificar los mecanismos de adquisición y producción de materiales electorales, además de fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México. El Gobierno federal anunció un decreto orientado a transparentar estos procesos y evitar la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores.
Las investigaciones deberán establecer el alcance de las presuntas irregularidades, la participación de las empresas señaladas y las responsabilidades que pudieran derivarse de las contrataciones realizadas durante los distintos periodos.
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