La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México (TGM), ampliar su capacidad de producción y modificar su estructura administrativa, con el propósito de reducir la intermediación privada y mejorar la transparencia en la compra de materiales electorales.
El decreto fue realizado durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 5 de noviembre, explicó que la propuesta contempla renovar los equipos de la empresa pública y ampliar su Consejo de Administración, con la participación de instituciones académicas y organismos encargados de la fiscalización.
Entre las instituciones consideradas están la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de Monterrey. También se plantea que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) participe como observadora permanente.
Sheinbaum aclaró que Talleres Gráficos ya produce boletas electorales, pero busca ampliar su capacidad para elaborar una mayor cantidad de documentación utilizada durante los procesos electorales.
En cambio, materiales como urnas, mamparas y chalecos podrían adquirirse mediante licitaciones abiertas a empresas mexicanas, siempre que no requieran condiciones especiales de seguridad. La intención es que los fabricantes puedan participar directamente y evitar intermediarios en las contrataciones.
La propuesta también contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE) establezca reglas más claras para las compras, con rangos de precios que permitan comparar costos entre entidades y evitar posibles sobreprecios.
El anuncio ocurre después de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos de impresión y materiales electorales, en los que se ha mencionado a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas. Las investigaciones y revisiones correspondientes deberán determinar si existieron responsabilidades.
Actualmente, Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Gobernación. Su Consejo de Administración cuenta con representantes de esa dependencia, de Hacienda y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sheinbaum prevé que los cambios estén encaminados a los procesos electorales de 2027. Sin embargo, los alcances de la nueva estructura y las atribuciones de cada institución se conocerán una vez que se presente y publique el decreto.
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