La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sustentó la legitimidad de origen de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, en el respaldo explícito emitido por la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados en marzo de 2023, desplazando la noción de un nombramiento unilateral atribuible al partido oficial.
“Guadalupe Taddei es elegida por una comisión, un comité. Se hace una selección, después votan los partidos políticos para avalar ese comité. Votaron prácticamente todos los partidos políticos. Y después, ¿cómo sale? Por un sorteo. Entonces, esta cosa que han querido decir de que ella era de Morena…”, aseveró la mandataria al defender la transparencia del procedimiento legal.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo exhibió el acuerdo parlamentario aprobatorio de la quinteta finalista de la cual derivó la insaculación de Taddei Zavala. El desglose del cómputo legislativo registró 196 votos a favor del grupo parlamentario de Morena, 113 del Partido Acción Nacional (PAN), 68 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 38 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 31 del Partido del Trabajo (PT) y 14 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acumulando un consenso transversal con el único voto en contra de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).
El señalamiento del archivo legislativo respondió a cuestionamientos periodísticos formulados a partir del testimonio de Maite Azuela, exintegrante del Comité Técnico de Evaluación del proceso de 2023. El testimonio sostuvo la existencia de votos particulares dictaminados por presuntas presiones de la Secretaría de Gobernación y por asignaciones de calificaciones preferenciales a perfiles vinculados con el proyecto político gobernante en las etapas finales del certamen.
Sobre las revisiones administrativas que enfrentan diversos contratos dentro del órgano electoral, Sheinbaum Pardo enfatizó que las investigaciones corresponden a las instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR), subrayando el marco general de actuación pública:
“Cualquiera que sea de cualquier partido político y en particular de Morena, si comete un acto de corrupción tiene que ser sancionado”, señaló respecto a la aplicación de la ley sin distinción de filiaciones.
En cuanto al funcionamiento operativo del órgano autónomo, la presidenta planteó la necesidad de revisar los lineamientos de licitación interna de cara a los próximos procesos electorales, con la finalidad de evitar la concentración corporativa en los insumos institucionales:
“El INE tiene que sanearse; tienen que establecerse, desde mi punto de vista, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios o duopolios que acaben por encarecer la elección”, puntualizó.
Por el momento, los señalamientos sobre las adjudicaciones presupuestales continúan bajo el cauce formal de las instituciones de fiscalización, en tanto el registro parlamentario mantiene la corresponsabilidad de la clase política en la integración del actual Consejo General del árbitro electoral.
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