La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó la inhabilitación por 12 años y la imposición de una multa económica al estado contra el exsecretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, así como contra una exdirectora administrativa de la dependencia, por daños irreparables ocasionados al patrimonio cultural de Puebla. La resolución fue emitida el pasado 4 de febrero, el mismo día en que Vergara falleció por complicaciones de salud, según confirmaron autoridades estatales en rueda de prensa.
El coordinador del gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, explicó que las sanciones fueron resultado de investigaciones sobre el manejo inadecuado de recursos y la implementación de un proyecto de seguridad para museos que, lejos de proteger el acervo, ocasionó daños a miles de piezas artísticas y libros históricos.
La controversia se originó por la adquisición e instalación de chips de seguridad de baja calidad en 21 museos y la Biblioteca Palafoxiana, dispositivos que terminaron dañando superficies, hojas y encuadernaciones de piezas de valor patrimonial al adherirse con pegamentos y materiales no aptos para conservación.
Este proyecto, implementado entre 2021 y 2023 con el objetivo de prevenir robos, fue finalmente calificado como una “catástrofe técnica”, ya que los chips no solo resultaron ineficaces para el propósito pretendido, sino que además pusieron en riesgo la integridad física de objetos históricos catalogados y protegidos por la legislación cultural.
García Parra subrayó que, a pesar de la muerte de Vergara Berdejo, el proceso de investigación y aplicación de sanciones continuó “sin importar la jerarquía o la situación actual de los involucrados”. Añadió que la exdirectora administrativa de la Secretaría de Cultura también fue sancionada con inhabilitación y pago de una indemnización, aunque aún puede ejercer sus derechos legales correspondientes.
Además de la multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, el caso ha generado la puesta en marcha de un programa de restauración del acervo dañado, que incluye la retirada de los sensores defectuosos y la elaboración de un inventario actualizado y confiable de las colecciones, tarea que había quedado pendiente tras la gestión anterior.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección del patrimonio cultural y la rendición de cuentas en la administración pública, al tiempo que se busca fortalecer mecanismos de transparencia para evitar nuevas afectaciones al legado histórico de Puebla.
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