Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron los resultados del operativo “Mujeres Libres de Violencia”, realizado por autoridades estatales y federales en municipios de Tlaxcala, al señalar que las acciones se concentraron en la clausura de establecimientos y en entrevistas a mujeres, sin informar sobre víctimas rescatadas, tratantes detenidos o redes criminales desarticuladas.
El operativo fue desplegado en Chiautempan, Acuamanala, Papalotla, Apizaco y Calpulalpan, donde participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias.
Como resultado, fueron suspendidos nueve moteles por irregularidades administrativas y sanitarias, además de que 28 mujeres fueron entrevistadas en puntos de revisión instalados por las autoridades.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local señaló que los resultados reportados no muestran avances en el combate a las estructuras que obtienen beneficios de la explotación sexual. La organización sostuvo que el cierre de establecimientos por faltas administrativas o sanitarias no implica que las redes de trata hayan sido investigadas o desarticuladas.
Asimismo, advirtió que este tipo de operativos pueden derivar en la revictimización de mujeres en contextos de explotación sexual al centrar la atención en ellas y no en los responsables de los delitos.
Indicó que las víctimas de trata no siempre se reconocen como tales debido a mecanismos de control, coerción y manipulación ejercidos por los tratantes, por lo que su identificación requiere procesos especializados de acompañamiento y análisis de factores como el control sobre sus ingresos, restricciones de movilidad, aislamiento o imposición de cuotas.
Por su parte, la Fiscalía estatal informó que las entrevistas tuvieron como propósito identificar posibles condiciones de vulnerabilidad y, en su caso, activar mecanismos de atención y protección para las personas localizadas durante las revisiones.
Las críticas se producen en un estado que organizaciones civiles han identificado desde hace años como uno de los principales focos de trata de personas con fines de explotación sexual en el país.
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