Trabajadores operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla hicieron pública una denuncia contra una supuesta red de corrupción y abusos laborales encabezada por el comandante Jaime Oropeza González. La carta abierta enviada al gobernador Alejandro Armenta Mier, a medios locales y a la ciudadanía, señala que estas irregularidades afectan a alrededor de 350 elementos y ponen en riesgo tanto su seguridad como la operación diaria de la dependencia.
Entre las acusaciones más graves destacan los cobros de entre 40 mil y 50 mil pesos por la asignación de plazas; cuotas diarias obligatorias de 500 a mil pesos por unidad operativa; el nombramiento de jefes sin trayectoria ni perfil legal; y la protección a grupos delictivos, documentada en grabaciones que circulan públicamente. Además, los trabajadores denuncian cobros adicionales de mil pesos por unidad para cubrir seguros de accidentes, responsabilidad que correspondería a la propia SMT.
El personal también expone condiciones laborales extremas, como turnos de 16 a 18 horas con apenas un día de descanso cada 15 días, capacitación insuficiente, mayormente en línea, y la ausencia de respaldo institucional frente a agresiones por parte de particulares o transportistas. Ante esta situación, exigen la destitución inmediata de Oropeza González y su equipo, así como una auditoría exhaustiva de los mandos implicados por el Órgano Interno de Control.
En respuesta, la SMT y el Gobierno de Puebla reiteraron su política de cero tolerancia a la corrupción y convocaron a los trabajadores afectados a presentar formalmente sus denuncias, acompañadas de pruebas, ante las instancias correspondientes. En su comunicado oficial, la dependencia advirtió que “cualquier conducta que vulnere la legalidad, la integridad institucional o el servicio a la ciudadanía será investigada y sancionada” y enfatizó que el combate a la corrupción es frontal y permanente, con plena disposición de colaborar con los órganos de control.
Hasta ahora, no se han reportado destituciones ni auditorías concretas, y el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación.
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