Un tribunal colegiado confirmó el amparo concedido contra el delito de ciberasedio, al reiterar su inconstitucionalidad por vulnerar derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión y el principio de legalidad penal.
La resolución ratifica una sentencia previa en la que se determinó que la redacción del tipo penal carece de claridad y precisión suficientes, al no delimitar de forma objetiva las conductas que podrían ser sancionadas. De acuerdo con el fallo, esta ambigüedad genera un riesgo para el ejercicio de derechos, al permitir interpretaciones amplias por parte de las autoridades.
El tribunal sostuvo que la norma impugnada no cumple con los estándares constitucionales que rigen el derecho penal, particularmente el de taxatividad, que exige que los delitos estén definidos de manera clara para que las personas conozcan con certeza qué conductas están prohibidas
Asimismo, el órgano jurisdiccional señaló que la regulación vigente podría utilizarse para inhibir manifestaciones legítimas en entornos digitales, incluyendo expresiones críticas, opiniones o denuncias, al no distinguir con claridad entre conductas delictivas y ejercicio protegido de la libertad de expresión.
Con la confirmación del amparo, la legislación impugnada no puede ser aplicada a quienes promovieron el juicio, mientras se mantiene el criterio judicial que reconoce su incompatibilidad con la Constitución. El fallo refuerza resoluciones previas del Poder Judicial que han cuestionado la constitucionalidad de figuras penales similares.
La decisión se emite en un contexto de debate sobre la regulación de conductas en espacios digitales y la necesidad de garantizar la protección de derechos sin recurrir a disposiciones que puedan resultar restrictivas o desproporcionadas
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