La desaparición del INAI abrió uno de los debates más intensos sobre el futuro de la transparencia en México. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el siguiente paso para redefinir ese modelo al firmar un decreto con el que el Gobierno federal busca fortalecer el principio de máxima publicidad, ampliar la información disponible para la ciudadanía y establecer reglas más precisas sobre qué debe hacerse público y bajo qué circunstancias puede reservarse.
La mandataria firmó el documento durante la Mañanera del Pueblo del 4 de agosto y sostuvo que el objetivo es poner fin a la discrecionalidad con la que, hasta ahora, los servidores públicos podían decidir qué información divulgar y cuál mantener bajo reserva.
«”Ya no lo dejamos a decisión de un funcionario público; hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente”, afirmó.»
El decreto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marca el inicio de una nueva etapa para el sistema de acceso a la información, ahora bajo la conducción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que asumió estas funciones tras la desaparición del organismo autónomo.
Al presentar los alcances de la medida, la secretaria Raquel Buenrostro explicó que uno de los cambios más relevantes será la publicación mensual de los contratos y convenios modificatorios del Ejecutivo Federal. Hasta ahora esa información se actualizaba cada tres meses; con el nuevo esquema, el Gobierno busca que el seguimiento al ejercicio de los recursos públicos sea más oportuno.
La estrategia también incorpora nuevas obligaciones para las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambas deberán transparentar estados financieros, estructuras de gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e incluso los reportes que entreguen a autoridades regulatorias en el extranjero cuando desarrollen actividades fuera del país.
Otro de los ejes se concentra en la fiscalización. A partir del decreto deberán hacerse públicos el programa anual de auditorías, las estadísticas de revisiones, el seguimiento a las observaciones detectadas y la información relacionada con la contratación de despachos auditores externos. Paralelamente, el Ejecutivo hizo un llamado a estados, municipios, poderes públicos y organismos autónomos para adoptar el mismo criterio de máxima publicidad.
La reforma administrativa también modifica la manera en que podrá reservarse información oficial. En lugar de las 17 causales vigentes, el Gobierno propone reducirlas únicamente a dos: interés público y seguridad nacional, ambas previstas en la Constitución. Además, las reservas serán temporales y las dependencias deberán privilegiar la elaboración de versiones públicas siempre que sea posible, limitando la confidencialidad exclusivamente a datos personales u otra información legalmente protegida.
Junto con estos cambios, la administración federal anunció una actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que registró fallas constantes después de la desaparición del INAI. Según Buenrostro, la plataforma ya fue estabilizada y ahora contará con herramientas que facilitarán la consulta y descarga de información. En un plazo máximo de 30 días hábiles también incorporará nuevos contenidos considerados de interés público.
Para Sheinbaum, el decreto busca reforzar un derecho constitucional y dejar atrás un modelo que, a su juicio, permitía interpretaciones distintas sobre qué información debía transparentarse. La presidenta recordó además que la Plataforma Nacional de Transparencia enfrentó problemas operativos en los últimos meses y cuestionó que, pese a esas deficiencias, algunos sectores siguieran presentando al INAI como un referente en la materia.
Sin embargo, el rediseño institucional también vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que comenzó desde la desaparición del organismo autónomo. Mientras el Gobierno sostiene que la concentración de funciones permitirá agilizar la publicación de información y eliminar márgenes de discrecionalidad, especialistas y organizaciones civiles han advertido que el nuevo modelo concentra en el propio Ejecutivo tanto la administración del sistema como la supervisión de su cumplimiento, lo que mantiene abierto el debate sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Por ahora, el decreto representa la respuesta más concreta del Gobierno federal para reorganizar la política de transparencia tras la desaparición del INAI. En las próximas semanas se espera la publicación oficial del documento en el DOF, la incorporación de nuevos contenidos a la Plataforma Nacional de Transparencia y, posteriormente, la presentación de una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso. Con ello, la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar un nuevo modelo institucional que, desde la visión oficial, privilegie una mayor apertura de la información pública, aunque su implementación continuará bajo el escrutinio de especialistas y organizaciones dedicadas a la defensa del derecho de acceso a la información.
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