La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el caso de la conductora Inés Gómez Mont responda a una persecución política o ideológica, y afirmó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) corresponden estrictamente a presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de recursos públicos mediante empresas factureras.
Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria abordó la situación jurídica de la exconductora, quien se encuentra bajo custodia migratoria en Estados Unidos, y sostuvo que las acusaciones en su contra derivan de investigaciones iniciadas años atrás.
“No nos corresponde hablar de persecución política. Es un asunto de delitos”, expresó Sheinbaum al referirse al proceso que enfrenta Gómez Mont, cuya defensa ha argumentado una presunta persecución política para solicitar asilo.
Para detallar el expediente, la presidenta presentó un mensaje de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien confirmó que la exconductora cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con la titular de la FGR, las investigaciones se centran en un presunto esquema de desvío de recursos públicos de la Secretaría de Gobernación hacia empresas factureras. En ese entramado, Gómez Mont habría recibido dinero en sus cuentas personales, cuyo origen ilícito es objeto de la investigación ministerial.
La Fiscalía precisó que los contratos bajo investigación ascienden a aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos y que existen señalamientos por presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2016.
Respecto a su estatus en Estados Unidos, Godoy explicó que Gómez Mont se encuentra bajo custodia de autoridades migratorias en Florida tras su detención el pasado 30 de octubre. Aclaró que, mientras se resuelve su procedimiento administrativo migratorio —del cual podría derivar su deportación—, el Gobierno mexicano mantiene activa la solicitud de extradición presentada en septiembre de 2025.
Asimismo, la fiscal advirtió que, si las autoridades estadounidenses determinan su deportación y la exconductora ingresa a territorio nacional, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión que permanecen vigentes en su contra.
Sheinbaum reiteró que el caso continuará por la vía legal y que la resolución de las imputaciones corresponderá a los órganos jurisdiccionales, los cuales deberán determinar la responsabilidad penal conforme a derecho.
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