La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinará si las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ameritan presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se identificaran posibles anomalías en operaciones con empresas proveedoras del sistema electoral.
Durante la Mañanera del Pueblo de este martes 3 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las investigaciones deben abarcar tanto la actual gestión de Guadalupe Taddei Zavala como las administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova.
La mandataria sostuvo que corresponde a la ASF revisar el manejo de los recursos y determinar si existen elementos para presentar denuncias penales. También pidió transparentar los contratos, los salarios y los posibles conflictos de interés dentro del organismo electoral.
“Queremos un instituto electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, no a la democracia de las élites”, expresó.
Las investigaciones cobraron relevancia después de que la ASF expuso ante la Cámara de Diputados posibles irregularidades en contratos asignados a grupos empresariales que han mantenido operaciones con autoridades electorales desde 2014.
De acuerdo con los datos presentados por el órgano fiscalizador, dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.
Por separado, también se encuentran bajo revisión contrataciones del INE por más de mil 800 millones de pesos durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Entre las anomalías detectadas se encuentran posibles conflictos de interés, vínculos entre empresas proveedoras y servidores públicos, así como operaciones entre compañías relacionadas que participaron en procedimientos de contratación.
La revisión también puso atención en empresas con pocos trabajadores o sin personal registrado que reportaron facturaciones millonarias por servicios prestados a organismos electorales.
A las investigaciones de la ASF se suman las del Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante diputados que existen 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades administrativas.
De estos, 13 continúan en etapa de investigación y cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa, en los que están involucrados servidores públicos que deberán comparecer ante las autoridades correspondientes.
Los señalamientos incluyen posibles conflictos de interés, simulación en licitaciones, abuso de funciones y afectaciones al patrimonio del instituto.
La ruta legal dependerá de los resultados de las investigaciones. Si se acreditan faltas administrativas graves, los expedientes podrán llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), encargado de resolver los procedimientos y establecer las sanciones correspondientes.
En caso de encontrar elementos que apunten a posibles delitos, la ASF podrá presentar las denuncias ante la FGR para que esta instancia investigue y determine si existen condiciones para ejercer acción penal.
Sheinbaum insistió en que la revisión no debe concentrarse únicamente en la actual presidencia del INE, sino extenderse a las gestiones anteriores para conocer cómo se asignaron los contratos y qué empresas resultaron beneficiadas.
La presidenta también pidió que se hagan públicos los recursos ejercidos y los contratos del organismo, al señalar que no debe existir opacidad en el manejo del presupuesto electoral.
Las investigaciones de la ASF y del OIC continúan abiertas, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre las posibles responsabilidades de funcionarios o empresas señaladas.
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