La revisión de expedientes y registros telefónicos derivó en el arresto de un exgobernador y de dos exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia; las familias siguen sin saber dónde están los 43 normalistas
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, y el titular de la UEILCA de la FGR, Mauricio Pazarán, dieron a conocer este 28 de septiembre que la pesquisa por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, se sostiene hoy en cuatro líneas científicas, surgidas de volver a revisar los archivos y registros telefónicos acumulados durante 12 años.
La primera línea, sobre comunicaciones, dejó al descubierto 17 nuevos objetivos de investigación y una red de contactos entre Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personal de funerarias y del sector salud. Entre los datos más llamativos, el dueño de una funeraria, quien además era concesionario del SEMEFO de Iguala y administrador de un panteón, utilizó el celular de uno de los estudiantes.
Los cateos de 2025 arrojaron un fémur humano, un arma, documentación y un horno crematorio sin registro. Entre marzo y junio de 2026 se levantaron 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos y prótesis dentales, hoy en manos de peritos. La Fiscalía también solicitó la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
La segunda línea se centró en tres teléfonos de los jóvenes. Uno de ellos permitió ejercer acción penal y, el 24 de agosto, se libró orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada. Otro fue usado por un policía municipal la noche del ataque, y el tercero apuntala la hipótesis de que algunos estudiantes fueron llevados a la barandilla, lo que choca con declaraciones previas.
Del reanálisis de expedientes salió además el nombre de una persona que participó en los hechos cuando tenía 14 años y que nunca había sido identificada. Su testimonio, rendido el 30 de julio, robustece las imputaciones contra Guerreros Unidos.
La cuarta línea puso la lupa sobre el ocultamiento de videos de las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Por ello fueron detenidas y están sujetas a proceso la exmagistrada presidenta y la exvisitadora. Con base en sus declaraciones, el 6 de agosto se arrestó al exgobernador por desaparición forzada.
Que la investigación escale hasta el Poder Judicial y la gubernatura local es lo políticamente más espinoso. También deja en el aire una duda razonable: por qué registros y expedientes con más de una década apenas revelan indicios que, según el propio comunicado, no se habían advertido o investigado a fondo.
Las autoridades adelantaron que ampliarán la búsqueda, profundizarán las líneas de las videograbaciones y de la funeraria y el SEMEFO, y mantendrán la atención a los padres y madres. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos propondrá expertos internacionales. El Gobierno insistió en que el caso sigue abierto.
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