El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “El Quetu”, fue detenido la mañana del miércoles 23 de septiembre, acusado de presuntos vínculos con Los Cromos, una célula criminal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con las investigaciones, el edil habría brindado protección política, operativa y económica a este grupo delictivo, además de facilitar el uso de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) municipal para alertar sobre la presencia de las fuerzas de seguridad. También lo señalan por presuntamente controlar el cobro de piso a comerciantes, empresarios y cadenas comerciales, así como por su posible participación en actividades de tráfico de personas y compra de armamento.
La detención se llevó a cabo alrededor de las 9:30 horas, mediante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Sánchez Altamirano contaba con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Durante el mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, a quien las autoridades relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios en la región.
Bloqueos y protestas tras la detención
La captura del alcalde provocó movilizaciones en distintos puntos de Juchitán, donde mototaxistas, simpatizantes y elementos de la Policía Municipal bloquearon carreteras y quemaron llantas para exigir su liberación e intentar impedir que fuera trasladado fuera de Oaxaca.
Las protestas afectaron la circulación en las carreteras Panamericana y Transístmica, mientras las fuerzas federales mantenían presencia en la zona para garantizar el traslado del edil. Los bloqueos se levantaron más tarde ese mismo miércoles, luego de que las autoridades impidieran que los manifestantes obstaculizaran el operativo.
Durante las movilizaciones también se registraron intentos de impedir el traslado de Sánchez Altamirano, en medio de la tensión entre los participantes y las corporaciones de seguridad. La reacción de policías municipales y grupos de mototaxistas puso de manifiesto el respaldo que recibió el presidente municipal tras su detención, aunque no se ha esclarecido quién organizó las protestas ni cuál fue su alcance dentro de la estructura municipal.
Gobernador de Oaxaca se pronuncia sobre el caso
Tras la detención, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se pronunció sobre el operativo y aseguró que en la entidad no habrá impunidad para quienes incurran en actos delictivos, sin importar el cargo público que ocupen.
El mandatario también reconoció que la investigación contra Sánchez Altamirano forma parte de las acciones coordinadas entre las autoridades estatales y federales para atender la violencia y las presuntas redes de protección criminal en la región.
Además, informó que la Policía Estatal asumiría las labores de seguridad pública en Juchitán, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el ayuntamiento. Jara también confirmó que existen indagatorias sobre otros servidores públicos municipales.
Sheinbaum había solicitado atender las denuncias de extorsión
La detención ocurrió después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara, durante la conferencia matutina del lunes 21 de septiembre, que el Gabinete de Seguridad federal ya trabajaba en Juchitán, luego de que el diseñador y artesano muxe Elvis Guerra denunciara amenazas, extorsiones y un ataque armado contra su vivienda.
El artista había solicitado públicamente la intervención de la mandataria, quien confirmó que habló con él y pidió al gobernador de Oaxaca que se le brindara protección.
“Lo importante es garantizar la seguridad en este bellísimo municipio”, expresó Sheinbaum al referirse a la situación de violencia en la región. También señaló que el Gobierno federal ya atendía el problema de seguridad en Juchitán desde hacía algún tiempo.
La presidenta no había confirmado, en las declaraciones disponibles de esa conferencia, detalles sobre la detención del alcalde, que ocurrió dos días después. Tampoco se cuenta con una declaración posterior suya que permita atribuirle una postura específica sobre el arresto.
Trasladan al alcalde al Altiplano y reportan su primera audiencia
Después de su detención, Sánchez Altamirano fue llevado a la base aérea de Ciudad Ixtepec y posteriormente trasladado por vía aérea a la Ciudad de México, bajo resguardo de las fuerzas federales. Más tarde ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Este jueves 24 de septiembre, el alcalde tuvo su primera audiencia inicial por videoconferencia, de acuerdo con los reportes difundidos sobre el proceso judicial. Durante esta diligencia, las autoridades debían comunicarle formalmente los cargos que enfrenta ante un juez de control con sede en Oaxaca.
La audiencia representa el inicio de la etapa judicial del caso, en la que se determinarán las medidas cautelares y, posteriormente, si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Hasta que se confirme una resolución judicial, las acusaciones contra Sánchez Altamirano deberán tratarse como presuntas y prevalece su derecho a la presunción de inocencia.
La investigación también deberá esclarecer el posible uso de recursos públicos y de la infraestructura de seguridad municipal para favorecer a la organización criminal señalada por las autoridades, así como la posible participación de otros funcionarios en la red de protección.
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