La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comparó la crisis bancaria y política que atraviesa Paraguay tras la intervención de Ueno Bank con el rescate financiero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), aplicado en México después de la crisis económica de 1994. La mandataria cuestionó que, mientras en el país sudamericano el escándalo financiero derivó en la destitución del presidente Santiago Peña, en México las obligaciones de instituciones privadas fueron trasladadas a las finanzas públicas y su costo continúa a cargo de la población.
Durante su conferencia matutina de este martes 10 de noviembre, en Palacio Nacional, Sheinbaum calificó como “muy lamentable” lo ocurrido en Paraguay y recordó las consecuencias del rescate bancario impulsado durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Es muy lamentable lo que pasó en Paraguay, pero miren, tiró a un presidente. Aquí el 94, quien pagó fue el pueblo, seguimos pagando”, expresó.
La presidenta sostuvo que uno de los principales problemas del Fobaproa fue convertir las obligaciones financieras de particulares en deuda pública, además de las presuntas irregularidades y actos de corrupción que, desde su perspectiva, acompañaron el proceso.
Al abundar sobre el tema, señaló que durante el rescate hubo empresas y particulares que recibieron recursos públicos sin que, a su juicio, existiera una justificación suficiente para otorgarles esos apoyos. Incluso, afirmó que algunos beneficiarios obtuvieron cantidades equivalentes al doble o triple de lo que necesitaban para mantener sus operaciones.
Como parte de sus señalamientos, mencionó el caso de Salinas y Rocha y los apoyos relacionados con la creación de Elektra, empresa vinculada con el empresario Ricardo Salinas Pliego. También adelantó que su administración revisa el libro sobre el Fobaproa escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de recuperar antecedentes y exponer los casos de empresas y empresarios beneficiados por el rescate.
La crisis de Ueno Bank sacudió al gobierno paraguayo
Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que la intervención de Ueno Bank, una de las principales instituciones financieras digitales de Paraguay, desencadenara una crisis bancaria que escaló hasta convertirse en un conflicto político e institucional.
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. La medida suspendió sus operaciones y dejó temporalmente a numerosos usuarios sin acceso a sus cuentas y recursos depositados.
Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, reportaba alrededor de tres millones de clientes y administraba aproximadamente 850 millones de dólares en recursos públicos. Entre los depósitos institucionales se encontraban fondos del Instituto de Previsión Social, organismo responsable de las prestaciones y pensiones de los trabajadores paraguayos.
Las investigaciones también pusieron bajo escrutinio los créditos otorgados a empresas vinculadas con el grupo propietario de la institución, así como posibles irregularidades en la documentación de operaciones financieras y la supervisión del banco.
El escándalo alcanzó directamente al entonces presidente Santiago Peña, quien había mantenido participación accionaria en Grupo Vázquez, aunque aseguró que se desprendió de ella en marzo de 2025 y negó tener responsabilidad en las irregularidades atribuidas a la entidad.
La crisis derivó en su destitución mediante un juicio político y en la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia. Además, Peña y el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, fueron imputados por presuntos delitos relacionados con administración en provecho propio y lesión de confianza, respectivamente, y quedaron bajo prisión preventiva. Ambos han negado las acusaciones.
Fiscalía amplía investigaciones y localiza una bóveda
A la par de la crisis política, el Ministerio Público paraguayo amplió las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y recuperar los recursos comprometidos en el colapso de la institución financiera.
El 9 de noviembre, fiscales informaron que la investigación contempla alrededor de 37 empresas y 35 personas vinculadas con las operaciones de Ueno Bank. Hasta ese momento, 27 personas habían sido imputadas, mientras las autoridades preparaban nuevas diligencias para identificar bienes y posibles activos que permitan resarcir a los afectados.
Entre las actuaciones recientes destacan los cateos en propiedades relacionadas con el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo. Durante una de las inspecciones, las autoridades localizaron una bóveda de seguridad oculta en un inmueble vinculado con Peña, cuya apertura requirió equipo especializado.
También fueron asegurados dispositivos electrónicos y documentación que podría aportar elementos para esclarecer las operaciones financieras bajo investigación. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, en el inmueble se encontraron documentos destruidos, entre ellos fragmentos de informes de debida diligencia y correspondencia electrónica.
Estos indicios quedaron bajo revisión de los investigadores para determinar su posible relación con las operaciones de Ueno Bank y las presuntas irregularidades financieras. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el contenido de la bóveda.
En el ámbito institucional, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, impulsó el relevo en el Banco Central. El Congreso aprobó el nombramiento del economista Jorge Schreiner para sustituir a Carvallo, mientras el exregulador bancario Fernando Rivarola se incorporó al directorio de la institución.
Respecto a los ahorradores, el Banco Central informó que hasta el 9 de noviembre se había devuelto el dinero al 93.1 por ciento de las cuentas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos. La cifra comprende un millón 738 mil 804 cuentas, con desembolsos por 2.126 billones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 302.3 millones de euros.
El mecanismo de protección contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por depositante, por lo que los recursos que superen ese límite quedan sujetos al procedimiento de resolución bancaria y a la recuperación de activos.
De esta manera, el caso de Ueno Bank mantiene abiertas dos vertientes: por un lado, las investigaciones para esclarecer las operaciones financieras y posibles responsabilidades de funcionarios y empresarios; por otro, la restitución de los ahorros y la recuperación de los recursos comprometidos.
Mientras Paraguay enfrenta las consecuencias políticas y financieras del colapso bancario, Sheinbaum retomó el antecedente mexicano para cuestionar el traslado de deudas privadas al erario y los mecanismos mediante los cuales se utilizaron recursos públicos para rescatar a instituciones y empresas durante la crisis de los años noventa.
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