La plataforma de streaming Spotify, se encuentra en un momento crítico de su historia, hace apenas unos meses artistas y colectivos acusaron y dieron inicio a un boicot global tras conocerse las inversiones de su CEO, Daniel Ek, en Helsing, una empresa europea dedicada al desarrollo de inteligencia artificial con fines militares. A pesar de que Spotify niega apoyar guerras, su dueño ha respaldado el genocidio en Gaza.
La compañía ha insistido públicamente en que no financia conflictos armados y que Helsing opera de forma independiente, tales afirmaciones detonaron una oleada de reacciones dentro de la industria musical. Para numerosos artistas musicales, hay una delgada línea ética que se cruza cuando los ingresos generados por el consumo cultural pueden terminar respaldando conflictos bélicos.
Massive Attack dio el primer golpe visible, después de que la banda británica solicitara retirar su catálogo de Spotify difuendiendo un comunicado en el que vinculó su decisión con la situación en Gaza y con antecedentes históricos de boicots culturales como el que enfrentó el apartheid sudafricano. A partir de su postura, afirmó que la música no puede desvincularse de la responsabilidad moral de quienes se benefician económicamente de ella.
Esa decisión originó que otras agrupaciones reconocidas internacionalmente, como King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof, Xiu Xiu y Godspeed You! Black Emperor se sumaran al boicot, aunado a músicos independientes quienes reconocieron que su salida individual quizá no impacte a la empresa, pero confían en que la suma de abandonos sea un mensaje claro a la industria.
América Latina reabrió el debate recientemente con la postura de Café Tacvba, pues su vocalista, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a sus disqueras retirar su música de Spotify, mostrando inconformidad con las inversiones en armamento, el uso de inteligencia artificial, la difusión de publicidad relacionada con ICE y las bajas regalías que reciben los artistas. Para la agrupación, ignorar esas condiciones, implica indirectamente ser cómplices de prácticas inaceptables.
Spotify rechazó estas acusaciones, la empresa respondió asegurando que no financia guerras, que no mantiene campañas publicitarias activas de ICE y que sus lineamientos sobre inteligencia artificial están diseñados para proteger a los creadores humanos. Además, defendió su modelo de negocio al afirmar que distribuye cerca del 70% de sus ingresos a los titulares de derechos y reiteró su interés en seguir colaborando con Café Tacvba.
El conflicto ha revelado un malestar de fondo, más allá de las declaraciones corporativas. El esquema de pago por reproducción alrededor de 0.004 dólares por stream y el requisito mínimo de reproducciones para generar ingresos han sido señalados como un obstáculo para el sustento de músicos emergentes. A ello se suma la preocupación por el crecimiento de proyectos musicales creados con inteligencia artificial y el riesgo de fraude en las plataformas digitales.
Mientras Spotify ha intentado contener la crisis con comunicados, aclaraciones e incluso nuevos beneficios para oyentes y artistas, estos continúan cuestionando la ética del streaming musical. Para quienes impulsan el boicot, el problema ya no se limita a regalías o contratos, sino al papel que la cultura y la tecnología juegan frente a la guerra.
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