El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, recibió una sanción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) que contempla 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 15 millones de pesos. La resolución provocó una inmediata reacción de respaldo dentro del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos integrantes cerraron filas en torno al exedil.
La determinación alcanza también a Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración durante la gestión de Rivera. Para el exfuncionario se estableció una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 10 millones 500 mil pesos.
El procedimiento deriva del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2022 del municipio de Puebla y de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Los señalamientos están relacionados con presuntas faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones e inconsistencias en la comprobación de servicios y contratos.
Tras conocer la resolución, Rivera Pérez rechazó las acusaciones y aseguró que su administración actuó conforme a la ley. Asimismo, sostuvo que el fallo no es definitivo, que no se acreditó el supuesto abuso de funciones y enfatizó que no se le acusa de un manejo indebido directo ni de daño patrimonial.
El panista anunció que recurrirá a las instancias legales correspondientes para impugnar la determinación. Además, cuestionó que la sanción se diera a conocer en el arranque de los preparativos rumbo a los próximos procesos electorales, al considerar que existen posibles implicaciones políticas.
En ese contexto, militantes y representantes del PAN manifestaron su apoyo al exalcalde y cuestionaron la actuación de las autoridades estatales. La reacción partidista busca mostrar unidad frente a una resolución que afecta a uno de sus principales referentes en la entidad.
El respaldo ocurre mientras Acción Nacional atraviesa una etapa de reacomodos internos y comienza a definir sus perfiles para los comicios locales y federales. Rivera ha sido una figura central del panismo poblano, por lo que su situación jurídica añade tensión a la discusión sobre el futuro político del partido.
De quedar firme tras el desahogo de los juicios de amparo e impugnaciones, la inhabilitación limitaría su participación en la función pública y sus aspiraciones para competir en los procesos electorales de 2027 y 2030. Sin embargo, al encontrarse en una etapa de revisión jurisdiccional, el alcance definitivo de la medida dependerá de lo que determinen en última instancia los tribunales colegiados.
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