El Gobierno de Francia anunció el despliegue de militares contra las nuevas protestas previstas para este próximo sábado 24 de octubre, una medida que aumenta la preocupación por posibles represiones contra los manifestantes estudiantiles.
El sindicato estudiantil UNEF, (Unión Nacional de Estudiantes de Francia), “cuya función es representar y defender los intereses de los alumnos ante las universidades y los gobiernos tanto locales como nacionales.” hizo un llamado a nuevas movilizaciones para este próximo sábado y prometió mantener la presión sobre el Gobierno del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, por la falta de financiación del sistema educativo.
Al llamado de la protesta, se sumaron grupos que se identifican con los chalecos amarillos, un movimiento que surgió en 2018 contra el aumento de los impuestos a los combustibles y que “ahora vuelve a denunciar el encarecimiento de la energía.”
Aunque el Gobierno francés, trate de justificar que el despliegue de militares es para evitar que las manifestaciones se salgan de control, la realidad es que desplegar militares representa un riesgo dentro de las movilizaciones, ya que con el aumento de la presencia militar, solo se reprimiría a los estudiantes que saldrán a manifestarse.
Las movilizaciones comenzaron en septiembre, cuando estudiantes de un centro educativo de Créteil, en las afueras de París, se manifestaron junto con docentes para exigir más recursos y personal. Las inconformidades incluyen la falta de profesores, aulas saturadas y el deterioro de las instalaciones educativas. A estas demandas se sumaron las denuncias por violencia policial y el malestar ante la precariedad económica y las dificultades que enfrentan los jóvenes.
El despliegue militar dentro de este contexto, aumentan las preocupaciones sobre el ejercicio del derecho a la protesta, además de poner en el centro del debate la forma en que el Gobierno de Macron enfrentará la protesta social. Aunque las autoridades presentan el operativo como una medida preventiva de seguridad, el reforzamiento de la vigilancia y las posibles restricciones a las manifestaciones plantean interrogantes sobre hasta dónde llegará la respuesta estatal ante las exigencias de estudiantes y otros sectores sociales.
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