La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reiteró en su defensa este jueves la reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al rechazar que la propuesta implique eliminar derechos políticos.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 3 de septiembre de 2026, Sheinbaum precisó que la iniciativa no pretende retirar la doble nacionalidad a los mexicanos que la poseen, sino establecer que quienes busquen encabezar un Poder Ejecutivo deban renunciar a cualquier otra ciudadanía antes de registrarse como candidatos.
“La nacionalidad conlleva lealtad, no es quitar un derecho político”, sostuvo la presidenta, al señalar que una persona mexicana puede ejercer sus derechos ciudadanos, pero si pretende ocupar la Presidencia deberá conservar únicamente la nacionalidad mexicana.
El planteamiento ocurre después de que surgieran críticas en torno a que la iniciativa podría restringir derechos políticos. Un día antes, el espacio Detector de Mentiras de la propia conferencia presidencial rechazó que la propuesta tenga como objetivo eliminar esos derechos o impedir la participación de la oposición.
La discusión: ciudadanía frente a elegibilidad
El punto central de la reforma no está en prohibir la doble nacionalidad, sino en modificar las condiciones para acceder a determinados cargos de elección popular.
La propuesta enviada al Congreso modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relativos a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Entre los requisitos planteados se encuentra ser mexicano por nacimiento e hijo de padre o madre mexicanos. Para la Presidencia también se mantiene el requisito de residencia mínima de 20 años en el territorio nacional.
Además, quien tenga otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes del registro de su candidatura. La iniciativa contempla que la legislación secundaria establezca los mecanismos para acreditar dicha renuncia, incluidos los trámites que correspondan ante el Estado extranjero.
De aprobarse, la restricción no terminaría con la elección. Durante el ejercicio del cargo tampoco se permitiría adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte o identificación extranjera, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni solicitar protección diplomática de otro país.
Las posibles infracciones quedarían sujetas al régimen de responsabilidades previsto en el Título Cuarto de la Constitución.
Sheinbaum plantea “lealtad” exclusiva hacia México
La mandataria ya había explicado el propósito de la reforma el pasado 27 de agosto, cuando anunció el envío de la iniciativa al Congreso.
En aquella ocasión argumentó que los funcionarios que lleguen a esos cargos deben colocar el interés nacional por encima de cualquier vínculo institucional con otro Estado.
El dia de hoy reforzó esa postura al cuestionar dónde quedaría la lealtad de una persona que conserva dos nacionalidades mientras pretende dirigir un gobierno.
El planteamiento coloca el debate en una disyuntiva política: para el Ejecutivo, la medida representa una condición de elegibilidad vinculada con la responsabilidad de gobernar; para sus críticos, puede convertirse en un mecanismo para reducir el universo de perfiles que podrían competir electoralmente.
El debate ya alcanza a posibles aspirantes de 2030
Aunque la reforma no menciona nombres concretos, su discusión política ya comenzó a relacionarse con posibles aspirantes a cargos de elección popular.
Uno de los casos señalados es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien posee doble nacionalidad y radica en Estados Unidos. El panista ha interpretado la propuesta como un posible candado frente a una eventual aspiración presidencial en 2030.
También han aparecido en la discusión pública otros perfiles con vínculos binacionales, aunque el Gobierno federal no ha presentado la reforma como una medida dirigida contra una persona en particular.
Desde Morena, la diputada Dolores Padierna ha minimizado el impacto electoral de la propuesta y estimó que serían pocos los perfiles con posibilidades reales de resultar afectados. El PRI, en contraste, adelantó su voto en contra.
La discusión también involucra a organizaciones y voces de mexicanos residentes en el extranjero que advierten que existen países cuya legislación dificulta o incluso impide renunciar a la nacionalidad de origen.
La reforma busca modificar las reglas para competir
La iniciativa ya se encuentra en el Congreso de la Unión, por lo que el debate dejó de ser únicamente político y entró en una etapa legislativa.
Al tratarse de una modificación constitucional, requiere una mayoría calificada en el Congreso federal y posteriormente la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales para avanzar hacia su promulgación.
Una eventual aprobación también obligaría a modificar la legislación secundaria, particularmente la Ley de Nacionalidad, para establecer los procedimientos y requisitos relacionados con la renuncia a una ciudadanía extranjera.
Por ahora, la doble nacionalidad de los mexicanos no desaparece. El cambio propuesto apunta a otro terreno: determinar si una persona que mantiene una ciudadanía extranjera puede, al mismo tiempo, competir por la titularidad del Ejecutivo federal, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.
Con ello, la discusión sobre la reforma se encamina a uno de los temas que pueden incidir en el tablero electoral de 2027 y 2030: si la nacionalidad única debe ser una condición para gobernar o si corresponde exclusivamente al electorado decidir, mediante el voto, qué perfiles pueden representarlo.
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