El gobierno de Puebla atribuyó a presuntas cuentas automatizadas y perfiles vinculados con la oposición parte de las críticas que ha recibido el proyecto del Sistema de Transporte por Cable (STC), conocido como Cablebús; sin embargo, el rechazo a la obra también se ha manifestado fuera de las redes sociales mediante marchas, amparos, protestas vecinales y una petición que supera las 75 mil firmas.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aseguró el pasado miércoles 26 de agosto que la conversación negativa sobre el Cablebús en la red social X ha sido amplificada por presuntas cuentas automatizadas y perfiles relacionados con el PAN y simpatizantes de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.
De acuerdo con el funcionario, 93 por ciento de las interacciones negativas provendrían de presuntas cuentas automatizadas o perfiles vinculados con esos grupos políticos, mientras que únicamente entre 5 y 7 por ciento corresponderían a ciudadanos reales.
“Sólo 5 o 7 por ciento son ciudadanos reales; de ahí, 93 por ciento son bots y cuentas creadas para estar en contra y generar esta percepción”, afirmó.
García Parra ha sostenido esta postura desde junio y, para respaldarla, ha mostrado publicly capturas de perfiles que utilizan la etiqueta #NoAlCablebús. Según explicó, algunos de esos usuarios ya tenían actividad durante los procesos electorales de 2023 y 2024 en apoyo a la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez.
El funcionario incluso ha llamado a los ciudadanos a realizar su propia revisión en X: ingresar al hashtag, consultar los perfiles y revisar el historial de publicaciones para identificar su origen y actividad política.
No obstante, el gobierno estatal no ha hecho pública una metodología verificable que permita conocer cómo se obtuvo el porcentaje de 93 por ciento, cuáles fueron los criterios utilizados para determinar que una cuenta es considerada automatizada o vinculada políticamente, ni cuál es el margen de error del análisis.
La discusión, además, no se limita al comportamiento de las redes sociales.
Una petición publicada en Change.org para solicitar la cancelación del Cablebús acumula 75 mil 739 firmas, mientras que vecinos, ambientalistas y estudiantes de la BUAP han participado en movilizaciones y acciones legales contra distintos aspectos del proyecto, hechos que también han sido reportados por medios locales y nacionales.
Frente a las críticas, García Parra ha defendido la viabilidad de la obra y aseguró que el proyecto cuenta con alrededor de 60 estudios, además de las validaciones técnicas y financieras correspondientes.
El coordinador de Gabinete señaló que el Cablebús será autosostenible y que cuenta con una Tasa Interna de Retorno Social de 12.27 por ciento, superior al 10 por ciento que, dijo, establece como referencia la metodología federal para este tipo de proyectos.
En cuanto a la inversión, indicó que el proyecto contempla alrededor de 6 mil 752.9 millones de pesos y sostuvo que los recursos destinados hasta ahora no se perderán, debido a que corresponden al desarrollo del proyecto ejecutivo, así como a la fabricación de cabinas y equipamiento electromecánico.
Esta defensa de la correcta fiscalización del gasto público ocurre ante un escrutinio ciudadano constante hacia los voceros del proyecto. En el caso de García Parra, la opinión pública suele recordar el episodio de 2023 cuando, desempeñándose como asesor en el Senado, devolvió un automóvil Audi R8 con un valor superior a 3 millones de pesos tras los cuestionamientos generados por su exhibición, hecho que el hoy funcionario calificó en su momento como “un error”.
Actualmente, el coordinador de Gabinete también mantiene un espacio de Derecho de Réplica desde el que ha respondido a las críticas que considera parte de una “guerra sucia” en su contra, en un contexto marcado por el proceso electoral de 2027.
La controversia por el Cablebús coincide, además, con cambios recientes dentro del gabinete estatal. El gobernador Alejandro Armenta retiró temporalmente a García Parra, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026, la interlocución con los partidos políticos, responsabilidad que quedó a cargo del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
Así, mientras el gobierno estatal sostiene que una parte importante del rechazo digital al Cablebús responde a presuntas cuentas automatizadas y actores políticos, las expresiones de inconformidad fuera de internet también están documentadas mediante movilizaciones, amparos, posicionamientos públicos y miles de firmas.
Por ahora, lo que no ha sido acreditado públicamente es la metodología que sustenta el porcentaje de 93 por ciento atribuido por el gobierno a presuntas cuentas automatizadas. La discusión sobre el Cablebús continúa, por tanto, entre la defensa técnica del proyecto por parte del gobierno y una oposición que no sólo se encuentra en las redes sociales.
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