A casi dos años del inicio de su administración, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó un balance legislativo de 27 reformas constitucionales y 76 modificaciones legales, con cambios que abarcan desde la soberanía nacional y la seguridad hasta derechos sociales, trabajo, democracia y protección de grupos históricamente vulnerables.
El recuento fue presentado este miércoles por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina, un día después del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.
De acuerdo con la funcionaria, las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión forman parte de una transformación del marco jurídico nacional que busca, desde la perspectiva del Ejecutivo federal, recuperar el carácter social de la Constitución y fortalecer la rectoría del Estado.
Entre los cambios señalados se encuentran reformas relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trenes de pasajeros, con las que el gobierno sostiene que se recuperan capacidades del Estado en sectores considerados estratégicos.
El paquete también contempla disposiciones sobre soberanía alimentaria, derecho al agua y protección del maíz nativo, además de medidas contra la intervención extranjera.
Cambios en democracia, justicia y seguridad
Otro de los bloques de reformas corresponde al ámbito político y electoral. Alcalde destacó modificaciones relacionadas con la prohibición del nepotismo y la reelección, así como disposiciones vinculadas con la austeridad y la reducción de privilegios en el servicio público.
En materia de transparencia también se realizaron cambios al diseño institucional encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
En seguridad y justicia, el balance incluye la reforma al Poder Judicial, que estableció la elección mediante voto popular de ministros, magistrados y jueces, además de modificaciones relacionadas con la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos.
La administración federal también colocó entre sus principales cambios los relacionados con la igualdad sustantiva de las mujeres, los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, así como la protección de niñas, niños y adolescentes.
Derechos sociales y laborales
El componente social ocupa otro de los ejes del paquete legislativo. Entre las modificaciones mencionadas se encuentran disposiciones que reconocen como derechos constitucionales diversos apoyos dirigidos a personas adultas mayores, jóvenes, estudiantes, campesinos y pescadores.
En materia laboral, el gobierno incluyó la Ley Silla, medidas para reducir la brecha salarial y disposiciones relacionadas con la seguridad social de trabajadores de plataformas digitales.
También se contemplan reformas vinculadas con la vivienda, mediante cambios que buscan recuperar la capacidad constructora de organismos como Infonavit y Fovissste, además de modificaciones en materia ambiental y de bienestar animal.
Un cambio amplio del marco jurídico
El dato de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales dimensiona el alcance del proceso legislativo impulsado durante los primeros 23 meses de la administración, aunque las cifras corresponden al balance presentado por el Ejecutivo federal y agrupan modificaciones de naturaleza y alcance distintos.
Sheinbaum sostuvo que este conjunto de cambios representa una transformación profunda del marco constitucional y legal del país, al considerar que varias de las reformas revierten disposiciones asociadas con el periodo neoliberal y fortalecen derechos sociales, soberanía y democracia.
La presidenta también señaló que las modificaciones constitucionales y legales permiten identificar las posiciones de las distintas fuerzas políticas frente a temas considerados prioritarios por su administración.
El balance presentado tras el Segundo Informe coloca así al cambio constitucional y legislativo como uno de los principales instrumentos de la administración de Sheinbaum para modificar el papel del Estado, ampliar derechos sociales y redefinir reglas en ámbitos como justicia, seguridad, economía, trabajo y participación política.
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