La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica y la Red Rompe el Miedo México (RRM) expresaron su preocupación por las agresiones registradas contra periodistas y personas manifestantes durante diversas movilizaciones realizadas en octubre de 2026 en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos.
En un informe publicado el 17 de noviembre, ambas organizaciones señalaron que documentaron incidentes ocurridos durante las movilizaciones del 2 de octubre en Ciudad de México y Morelos, la protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales del 9 de octubre en la capital del país, así como las marchas por agua limpia realizadas el 11 y 18 de octubre en Jalisco.
Las organizaciones sostuvieron que las autoridades respondieron en distintos casos con uso excesivo de la fuerza, acciones de represión y mecanismos de criminalización de la protesta social, en lugar de privilegiar espacios de diálogo para atender las demandas ciudadanas.
De acuerdo con el documento, las movilizaciones tuvieron su origen en reclamos relacionados con el acceso al agua, la defensa del territorio, los derechos laborales, la atención a problemáticas sociales y la defensa de los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual.
ARTICLE 19 advirtió que, además de las agresiones físicas, existe preocupación por discursos oficiales y narrativas públicas que califican a las personas manifestantes como “infiltradas”, “pagadas” o integrantes de grupos violentos, expresiones que, afir- mó, contribuyen a deslegitimar las deman- das sociales y desalentar la participación ciudadana.
La organización recordó que el derecho a la protesta y a la reunión pacífica forma parte de las garantías fundamentales de libertad de expresión reconocidas en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, citó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera las manifestaciones públicas como mecanismos legítimos para influir en la formulación de políticas públicas.
Finalmente, ARTICLE 19 y la Red Rompe el Miedo hicieron un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno para garantizar la integridad de periodistas y manifestantes, así como para investigar las agresiones reportadas y prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social.













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