El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro y emanado de Movimiento Ciudadano, reprimió este domingo una multitudinaria protesta convocada para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante policías antimotines que utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua y fuerza física contra los manifestantes. El saldo oficial posterior fue de 39 personas detenidas.
La movilización reunió a alrededor de 10 mil personas y partió de la Glorieta de La Minerva rumbo a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, después de meses de inconformidad por el suministro de agua turbia, con malos olores y residuos en cientos de colonias de Guadalajara y otros municipios metropolitanos.
De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, desde marzo habitantes de por lo menos 320 colonias han denunciado recibir agua de mala calidad; análisis citados por la organización han advertido presencia de metales pesados, contaminación fecal y deficiencias en la cloración.
La marcha se desarrolló inicialmente de manera pacífica. Las familias con niños y personas con discapacidad avanzaron al frente del contingente desde La Minerva hacia Casa Jalisco, donde las autoridades habían desplegado vallas y elementos antimotines.
Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de personas derribó parte de las barreras instaladas alrededor del inmueble. Algunos manifestantes arrojaron piedras, agua contaminada y otros objetos contra los policías, quienes respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y operativos para detener a participantes.
La agencia EFE constató violencia física contra manifestantes y describió directamente la actuación policial como una represión de la protesta. Durante los choques también fueron arrestados participantes y al menos un periodista.
Horas después, el gobierno de Jalisco informó que fueron detenidas 39 personas, 21 hombres y 18 mujeres, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica. También reportó 28 policías lesionados, dos de ellos de gravedad.
La administración de Lemus sostuvo que, junto con la movilización pacífica de aproximadamente 10 mil personas, participó otro grupo de unas 400 personas, muchas con el rostro cubierto, al que responsabilizó de iniciar los actos violentos y poner en riesgo al resto de los asistentes.
El operativo provocó cuestionamientos de organizaciones civiles, estudiantes y universidades. La Universidad de Guadalajara confirmó la detención de tres de sus estudiantes, dos pertenecientes al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y exigió garantizar su integridad y concretar su liberación.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente también informó que integrantes de su comunidad fueron detenidos y expresó preocupación por la respuesta de las autoridades estatales, particularmente por el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra los asistentes.
La Federación Estudiantil Universitaria condenó lo que calificó como actos de represión y criminalización de la protesta social y exigió la liberación de los estudiantes detenidos.
“Exigir agua de calidad no es un delito. Manifestarse pacíficamente tampoco lo es”, señaló la organización estudiantil.
Casa Quinqué denunció, por su parte, la detención de Alejandra Rivas Martínez y Jorge Ignacio Luna Bernal. La organización aseguró que este último fue golpeado por policías y demandó que se investiguen posibles excesos cometidos durante las detenciones.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió al menos cinco quejas por posibles abusos cometidos durante el operativo y abrió un acta de investigación. El organismo confirmó además las 39 detenciones reportadas por las autoridades.
Los hechos ocurrieron apenas tres días después de que Lemus asegurara públicamente, durante un encuentro con estudiantes del ITESO, que los ciudadanos podrían ma
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