Integrantes de la Colectiva Feminista de Izquierda 19 de Marzo advirtieron que cualquier propuesta legislativa relacionada con las desapariciones debe apegarse a la orientación en materia de derechos humanos y prevención de violencias que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, y no derivar en medidas punitivas que inhiban la denuncia y revictimicen a las familias.
En rueda de prensa, las activistas cuestionaron la postura pública de la diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -el mismo en el que milita la titular del Poder Ejecutivo- Nayeli Salvatori Bojalil, quien ha planteado sancionar penalmente a personas que presuntamente “fingen” su desaparición. Señalaron que, hasta ahora, se trata sólo de declaraciones sin sustento legislativo ni procesos de consulta.
“Son dichos de la propia diputada, no ha llamado a foros ni se ha sentado con las personas afectadas, con las víctimas o con los familiares”, expusieron.
Las integrantes de la colectiva subrayaron que la propuesta vulnera “el derecho a ser buscado es una garantía que no se le puede negar absolutamente a nadie”, afirmaron, al tiempo que alertaron que este tipo de discursos “revictimizan sobre todo a las mujeres”, en un contexto de crisis nacional por las desapariciones.
En ese sentido, destacaron que la llegada de la primera mujer presidenta al país ha marcado una línea clara en política pública. “Hay una orientación muy clara hacia la restauración del tejido social y la prevención de las violencias; entre ello, no más punitivismo”, señalaron, al insistir en que el Estado mexicano debe garantizar derechos humanos y no criminalizar a quienes buscan a sus familiares.
Las activistas advirtieron que legislar desde el desconocimiento del territorio y de las condiciones de pobreza genera medidas alejadas de la realidad. “Cuando no se conoce a la gente ni el territorio, se habla desde arriba y se legisla sin perspectiva de derechos humanos, de género y de infancias, criminalizando a personas que ya cargan con un dolor profundo”, afirmaron.
Recordaron que, en caso de comprobarse una declaración falsa, ya existen figuras legales para sancionarla, sin necesidad de crear nuevos delitos. “Para eso existe el procedimiento de falsedad de declaraciones. Inhibir a las familias para denunciar una desaparición es gravísimo”, recalcaron.
Finalmente, llamaron al Congreso local a actuar con responsabilidad y a escuchar a los colectivos de madres buscadoras. “No necesitamos discursos para viralizarse, sino personas que construyan puentes y caminos que garanticen los derechos y la dignidad humana”, concluyeron.
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