El desalojo de Maricarmen Abascal, una adulta mayor de 87 años, quien fue sacada de su casa, el pasado 23 de septiembre, en una camilla llevada por la policía, debido a que no podía cubrir el nuevo costo de su alquiler; se convirtió en el centro de una protesta por el “derecho al techo” que recorre España y ha logrado dos promesas del gobierno de Pedro Sánchez, que tendrán que ser defendidas ante un Parlamento en el que no tiene mayoría: un alto a los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler.
El aumento de 275% en el precio de la renta de Maricarmen, por parte de los dueños del fondo de inversión Urbagestión que compró su inmueble, detonó una oleada de indignación nacional y demanda de soluciones a la crisis de vivienda que sufre este país en el que movimientos, como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, convocaron a movilizarse y escuchar el mensaje de esta octogenaria que intentó defender la casa en la que vivió por más de 70 años y que ahora pide “a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro”.
Bajo el lema “tomamos las plazas”, con el caso de la señora Abascal como muestra de la gravedad del problema y rememorando las demandas del movimiento de Los Indignados de 2011, miles de personas en Madrid y otras 22 ciudades españolas tomaron las calles y acamparon en plazas para exigir un alto a los cobros excesivos de renta, la creación de viviendas a precios accesibles, modificaciones a la duración de los contratos de alquiler, cambios a los modelos de renta por temporadas y habitaciones, así como la implementación de alternativas de vivienda digna para los sectores más vulnerables.
En Madrid, más de medio millar de personas acamparon en la Puerta del Sol. En Málaga, se levantaron más de mil casas de campaña frente al Ayuntamiento. Y en Barcelona, otros miles cerraron el tráfico, así como también pasó en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Palma y Zaragoza.
En respuesta a estas protestas, el gobierno español no sólo anunció las dos medidas arriba mencionadas para frenar los desalojos en los próximos cuatro años y permitir las renovaciones automáticas de los contratos de renta, sino que también adelantó que un segundo texto se publicará el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y para establecer que un propietario que quiera terminar un contrato de alquiler deberá indemnizar al inquilino por un mínimo de 12 meses de renta.
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