La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el proceso para proteger a las familias afectadas por la clausura de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ). Como parte de las medidas, ordenó al plantel devolver el dinero cobrado por concepto de inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 2026-2027, además de coordinar la reubicación de las y los estudiantes en otras instituciones con reconocimiento oficial.
La decisión se tomó luego de que la dependencia federal concluyera que la educación militarizada impartida por particulares no forma parte del Sistema Educativo Nacional, por lo que instruyó el procedimiento para retirar el reconocimiento de la institución.
En Puebla, la SEP y la Secretaría de Gobernación estatal comenzaron las mesas de trabajo para apoyar a las familias y facilitar el traslado de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato a escuelas públicas o privadas incorporadas al sistema educativo.
Las autoridades también aclararon que las boletas, certificados y demás documentos expedidos por la academia mantienen su validez oficial, por lo que los alumnos podrán continuar sus estudios sin necesidad de repetir el ciclo escolar.
Mientras la autoridad educativa avanza con el procedimiento, la dirección de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza sostiene una postura distinta. Su director general, Daniel Guzmán López, informó a madres y padres de familia que el plantel continuará con sus actividades al asegurar que cuenta con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Además, adelantó que analiza promover un juicio de amparo para impugnar la resolución.
En los últimos días, personal de la institución retiró la palabra “militarizada” de las fachadas de sus dos sedes y de parte de su publicidad, luego de que la SEP confirmara que ese modelo educativo no tiene sustento legal para escuelas particulares.
La revisión de este tipo de planteles comenzó a nivel nacional tras la muerte de la estudiante Dafne Zapata Quintos durante un campamento de adiestramiento en Tamaulipas, caso que llevó a la autoridad federal a prohibir la oferta de educación militarizada en instituciones privadas.
Por ahora, las autoridades mantienen el proceso de reubicación de los estudiantes y la devolución de los pagos realizados por las familias, mientras la academia busca mantener abiertas sus puertas por la vía legal.
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