Dos planteles de educación superior privada en la ciudad de Puebla fueron objeto de medidas de suspensión tras detectarse irregularidades en la prestación de servicios educativos y en el cumplimiento de la normatividad vigente. Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas y fueron ejecutadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública federal.
Las verificaciones se realizaron al Instituto Universitario Washington, S.C., institución que opera comercialmente bajo el nombre de Centro Universitario Harvard. Durante las visitas de inspección en sus planteles ubicados en distintas zonas de la capital poblana, las autoridades identificaron prácticas contrarias a la legislación en materia de protección al consumidor.
Entre las anomalías detectadas se encuentran publicidad que no correspondía con la oferta académica real, ausencia de exhibición clara de tarifas, información incompleta en los procesos de contratación y la emisión de comprobantes de pago que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos por la ley.
Ante esta situación, la Profeco ordenó la suspensión de la comercialización de servicios educativos y la colocación de sellos de advertencia en ambos planteles.
De manera paralela, la Secretaría de Educación Pública federal constató que el Centro Universitario Harvard impartía y promocionaba la Licenciatura en Fisioterapia sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, requisito indispensable para ofrecer programas de nivel superior.
Por ello, se colocaron sellos que advierten al público que dichos estudios carecen de validez oficial.
La autoridad educativa advirtió que la oferta de programas sin reconocimiento oficial representa un riesgo para las y los estudiantes, ya que compromete la validez académica y profesional de los estudios cursados.
Durante el proceso de revisión, también se tomó en cuenta que la institución operaba bajo una razón social distinta a la utilizada para su promoción comercial.
Tanto la Profeco como la Secretaría de Educación Pública señalaron que estas acciones buscan proteger los derechos de estudiantes y consumidores frente a prácticas irregulares de instituciones educativas privadas.
Finalmente, reiteraron el llamado a la población a verificar la validez oficial de los programas académicos y las condiciones contractuales antes de inscribirse, con el fin de evitar afectaciones económicas y académicas.
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