El Seminario Permanente de Investigación “Entramados de lo común y formas de lo político” del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICSyH-BUAP), el Nodo de Derechos Humanos (NODHO), usuarios y vecinos del Parque Ecológico, del Cerro de Amalucan y del Parque Juárez, además de Terraformar Librespacio Cultural, emitieron este mediodía un posicionamiento conjunto en el que cuestionaron la negativa de suspensión provisional contra el proyecto cablebús y acusaron opacidad institucional, restricciones al acceso a la justicia ambiental y falta de información pública sobre la obra.
En el documento, los firmantes señalaron que el 7 de abril recibieron el acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, derivado de una sesión extraordinaria virtual del 30 de marzo, en el que se resolvió como infundado el recurso de queja promovido contra la negativa de otorgar la suspensión provisional. Según expusieron, esa resolución ratificó la decisión inicial de la Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla.
Las personas y colectivos inconformes sostuvieron que, en lugar de privilegiar la protección ambiental ante un posible daño irreparable, la autoridad judicial exigió pruebas excesivas para acreditar el vínculo de usuarios y vecinos con los servicios ambientales de los parques presuntamente afectados por el proyecto. Afirmaron que esa postura contraviene el Acuerdo de Escazú y limita, en los hechos, los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental.
En su posicionamiento, también señalaron que existe una coincidencia argumentativa de 94.75 por ciento entre el texto del tribunal que desechó la queja y el informe previo presentado por el gobierno del estado de Puebla el 27 de marzo, particularmente en lo relativo al rechazo del interés legítimo de las y los promoventes. Además, criticaron que la administración estatal no haya realizado la presentación pública del proyecto que, aseguran, había sido anunciada para el 31 de marzo.
Los firmantes añadieron que la Secretaría de Movilidad y Transporte reconoció en su informe que los estudios que sustentan la implementación del Sistema de Transporte Cablebús fueron reservados por cinco años. A juicio de los emisores, esta determinación impide a la población conocer los elementos técnicos y ambientales del proyecto, incluida la evaluación o Manifestación de Impacto Ambiental.
Asimismo, cuestionaron el papel de autoridades ambientales estatales y federales, y acusaron un entorno de creciente autoritarismo, presión institucional y control sobre espacios públicos y de decisión. Finalmente, llamaron a la población a informarse, mantenerse atenta e involucrarse en la defensa de espacios comunes, verdes y vivos frente al avance del proyecto.
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