La decisión de posponer la consulta sobre la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no resuelve las inconformidades de los trabajadores universitarios, pues antes de someter a votación las modificaciones propuestas es necesario transparentar la situación financiera del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, hacer públicos los estudios que justifican los cambios y abrir un proceso de análisis con participación de los distintos sectores laborales, advirtieron académicos de la institución.
«Entendemos que la suspensión del proceso es una acción que responde a la inconformidad de las y los académicos, pero consideramos que no es una solución a nuestras demandas. Por ello estamos aquí ratificando nuestro rechazo al convenio», expresó Rosibel Carrada Legaria, académica de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, al leer un posicionamiento colectivo durante la manifestación realizada este lunes 26 de octubre.
La declaración fue pronunciada en un mitin celebrado en la explanada de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en Ciudad Universitaria, después de una marcha en la que participaron profesores de diferentes facultades e institutos, trabajadores universitarios, jubilados y estudiantes que respaldan sus demandas.
Los manifestantes rechazaron el convenio firmado el pasado 5 de octubre entre la Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP) y la administración central de la máxima casa de estudios, al considerar que plantea modificaciones sustanciales en las condiciones de retiro sin que exista información suficiente para evaluar sus consecuencias.
La principal exigencia no se limita a ampliar el número de participantes en la votación, sino que busca conocer las razones financieras, los cálculos actuariales y las alternativas que fueron consideradas antes de proponer mayores aportaciones de los trabajadores y cambios en las pensiones.
«No aceptamos que se nos impongan nuevas cargas económicas sin conocer previamente con precisión y respaldo documental la verdadera situación financiera de la Universidad, en particular del Fondo de Pensiones y las obligaciones institucionales acumuladas», señala el documento presentado por la comunidad académica inconforme.
Exigen conocer las finanzas del Fondo de Pensiones de la BUAP
En su posicionamiento, los académicos reconocieron que garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de jubilaciones es una necesidad legítima. Sin embargo, cuestionaron que esa responsabilidad se traslade a los trabajadores sin demostrar previamente que las medidas propuestas son necesarias y que se han examinado otras alternativas.
Por ello exigieron la publicación del estado financiero y actuarial del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, así como de los mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas relacionados con la administración de sus recursos.
También solicitaron conocer los procedimientos utilizados para determinar las aportaciones, los salarios reguladores y los factores de ajuste que se aplicarían a las nuevas modalidades de jubilación.
Otro de los aspectos que consideran indispensables es identificar cómo se distribuyen las obligaciones pensionarias de la universidad entre los distintos sectores de trabajadores.
En particular, demandaron información que permita distinguir los compromisos financieros correspondientes al personal académico, administrativo de base, de confianza, funcionarios y directivos de alto nivel.
Asimismo, pidieron conocer el número total de jubilados y pensionados, los montos de las pensiones y su distribución por categoría laboral, además de las remuneraciones salariales y adicionales de las autoridades universitarias.
Esta información, sostuvieron, permitiría establecer si las modificaciones propuestas distribuyen las cargas económicas de manera proporcional y cuáles serían sus efectos sobre trabajadores con diferentes salarios, antigüedades y condiciones laborales.
Los manifestantes también reclamaron auditorías independientes al sistema de pensiones, aunque aclararon que las dudas sobre su funcionamiento no constituyen por sí mismas pruebas de un uso indebido de los recursos.
«La insuficiencia de información no demuestra por sí misma la existencia de corrupción, malversación o manejo irregular de recursos», establece el posicionamiento, que insiste en la necesidad de contar con mecanismos eficaces de vigilancia y rendición de cuentas.
Cuestionan aportaciones y reducción de prestaciones
Además de la falta de transparencia, los académicos expresaron su preocupación por las consecuencias económicas que atribuyen al convenio de modificación del Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027.
Según su interpretación del documento, las nuevas disposiciones podrían prolongar la vida laboral de los trabajadores y modificar significativamente los ingresos que recibirían al jubilarse.
En la lectura del posicionamiento se afirmó que, bajo determinados supuestos, las nuevas modalidades podrían ocasionar reducciones de 85 por ciento o más respecto de las condiciones anteriores. Se trata de una estimación planteada por los inconformes, cuya metodología y alcance requieren una revisión actuarial independiente.
También cuestionaron el incremento gradual de las aportaciones al fondo, que, de acuerdo con el pronunciamiento, podrían alcanzar hasta 15 por ciento del salario y de determinadas prestaciones, además de aportaciones adicionales equivalentes al 3 por ciento de las pensiones.
A juicio de los manifestantes, estas disposiciones representarían una carga especialmente importante para los trabajadores con menores percepciones, entre ellos profesores hora-clase, académicos de reciente contratación y empleados administrativos de base.
Otra de sus preocupaciones es la posible eliminación de la jubilación después de 20 años de servicio para quienes realizan actividades consideradas de alto riesgo en áreas insalubres, como las del Hospital Universitario.
Advirtieron, además, que la incertidumbre sobre las nuevas condiciones podría propiciar la jubilación anticipada de profesores experimentados, lo que tendría repercusiones en las actividades de enseñanza e investigación.
Proponen mesa plural antes de una nueva consulta
Frente a este escenario, los académicos plantearon establecer una mesa plural de análisis y negociación que permita revisar tanto la situación financiera del fondo como los posibles efectos del convenio.
«Proponemos llevar a cabo una consulta democrática e incluyente por medio de una mesa plural de análisis y negociación, integrada por personas trabajadoras sindicalizadas y no sindicalizadas, especialistas en seguridad social, profesionales de la actuaría y especialistas en derecho laboral, respetando las atribuciones legales de la representación sindical», señala el documento.
También solicitaron que se determine con precisión qué trabajadores están comprendidos en el contrato colectivo y que cualquier votación se realice mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, con acceso previo a la información necesaria para tomar una decisión.
Los participantes insistieron en que la autonomía universitaria debe acompañarse de transparencia y responsabilidad pública, sin desconocer las obligaciones legales de la institución ni los derechos de sus trabajadores.
Advirtieron que se reservan el derecho de acudir ante las autoridades laborales y los tribunales competentes para solicitar la revisión del procedimiento y de aquellas disposiciones que consideren contrarias a la legislación.
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