El indígena tutunakú Raymundo García López promovió una impugnación contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por no ejercer acciones penales en una investigación por con presuntos delitos de despojo, robo, fraude, abuso de autoridad y usurpación de funciones ocurridos en el municipio de Zapotitlán de Méndez.
De acuerdo con el expediente del caso, García López denunció que el 5 de julio de 2024 varias personas ingresaron a un inmueble del que asegura ser poseedor y lo despojaron de la propiedad, además de retirar diversos bienes muebles. Según su versión, los hechos ocurrieron mientras se encontraba fuera de la comunidad realizando gestiones en la Ciudad de México.
La carpeta de investigación fue integrada en la Unidad Especializada de Investigación de Asuntos Indígenas de la Fiscalía de Puebla. Como parte de las diligencias, la autoridad ministerial anunció la realización de entrevistas, inspecciones y solicitudes de información relacionadas con la posesión del inmueble y los hechos denunciados.
Sin embargo, el 30 de abril de 2026, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos determinó el No Ejercicio de la Acción Penal, al concluir que no existían elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados.
En la resolución, la autoridad sostuvo que no se acreditó el delito de despojo debido a que el denunciante no tenía la posesión material del inmueble al momento de los hechos. Respecto al presunto fraude, indicó que cualquier controversia derivada de contratos de compraventa debía resolverse por la vía civil. Asimismo, señaló que no existían pruebas suficientes para acreditar la propiedad de los bienes que presuntamente fueron sustraídos.
García López rechaza la determinación y sostiene que la Fiscalía dejó de considerar elementos relacionados con la posesión tradicional reconocida por comunidades indígenas. Entre los documentos que cita se encuentra una constancia emitida por autoridades indígenas de la región que, a su juicio, acredita su vínculo con el inmueble.
El promovente también cuestiona la integración de la carpeta de investigación y señala que algunas diligencias comprometidas por la autoridad no fueron concluidas, además de que se privilegiaron criterios del derecho civil ordinario sobre aspectos vinculados a los derechos de los pueblos indígenas.
Ante ello, presentó un recurso ante un juez de control para solicitar la revocación de la resolución y la continuación de las investigaciones. En su escrito argumenta que la determinación vulnera su derecho de acceso a la justicia y a una protección diferenciada como integrante de un pueblo originario.
El expediente también incluye un oficio de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, mediante el cual se informa que la solicitud presentada por García López fue recibida y canalizada a las instancias correspondientes para su atención.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado sobre una modificación a la determinación de no ejercer acción penal, por lo que el caso permanece sujeto a revisión judicial.
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