Ante la inacción que acusa por parte de la Fiscalía General del Estado, Oliverio Pérez Aquino, adulto mayor originario de Tzitzicazapa, Tlaola, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por presuntas omisiones en la atención de una denuncia por lesiones y robo. El caso también involucra a su hermano Carlos Pérez Aquino, persona con discapacidad visual, quien, según el testimonio asentado en la queja, fue golpeado al intentar auxiliarlo.
La queja fue recibida el 22 de abril de 2026 por la Dirección de Quejas y Orientación de la delegación Huauchinango de la CDH Puebla, con el ID 284445. En el documento, dirigido a la presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, el peticionario señala presuntas violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos adscritos a la Fiscalía en Huauchinango.
Los funcionarios señalados son José Manuel González Jarquín, Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Metropolitana con sede en Huauchinango; Luis Antonio Téllez Hernández, facilitador de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en materia penal; y María Luisa del Pilar Aparicio Solano, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, quien acudió a la jornada “La Fiscalía te escucha” realizada en la Casa de Justicia de Huauchinango.
De acuerdo con la queja, los hechos que originaron la denuncia ocurrieron el 9 de diciembre de 2025, cuando Oliverio Pérez se encontraba en el patio de su domicilio, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 5, en Tzitzicazapa, Tlaola. Ahí, según su relato, sus hijas Yehimi Pérez Carbajal y Leticia Pérez Carbajal lo golpearon en la cara y el torso. Su hermano Carlos, quien es invidente y vive con él, también habría sido agredido.
El peticionario señaló además que, aprovechando que la puerta de su vivienda estaba abierta, las mujeres ingresaron sin su consentimiento y sustrajeron documentos patrimoniales. Entre ellos mencionó dos facturas de vehículos Nissan Tsuru, escrituras de la propiedad donde vive, un contrato de compraventa de otro predio del que afirma ser poseedor, un acta de acuerdo de concesión de taxi y otros documentos.
Tras los hechos, Oliverio Pérez presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Metropolitana en Huauchinango, donde se abrió la carpeta FGEP/CDI/FIM/HUAUCHI-I/016395/2025 por los delitos de lesiones y robo. Sin embargo, el quejoso sostiene que el caso debió canalizarse como violencia familiar.
Posteriormente, en enero de 2026, la carpeta fue remitida a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde se emitió un acuerdo reparatorio en su favor. Según la queja, sus hijas se comprometieron a devolver los documentos, pero no cumplieron.
Oliverio Pérez afirma que acudió con el facilitador Luis Antonio Téllez Hernández, quien le dijo que ya no podía hacer nada. Después acudió con el Ministerio Público José Manuel González Jarquín, quien, según su versión, le indicó que el asunto ya estaba “arreglado” y que tampoco podía intervenir, pese a que él insistió en que el acuerdo no había sido cumplido.
El 16 de abril, el adulto mayor acudió nuevamente a la Casa de Justicia de Huauchinango, durante la jornada “La Fiscalía te escucha”. Ahí fue atendido por María Luisa del Pilar Aparicio Solano, a quien expuso que su carpeta estaba detenida y que no le habían devuelto sus documentos. De acuerdo con el escrito ante la CDH, la funcionaria le sugirió reconciliarse con sus hijas.
“Soy una persona de la tercera edad y ellas fueron las que me golpearon y me robaron, yo solo quiero que me regresen mis documentos”, expresó el quejoso en el documento entregado a la Comisión.
Al no obtener una respuesta favorable, Oliverio Pérez acudió ante la CDH Puebla para solicitar su intervención. En su queja sostuvo que la carpeta permanece sin avances y que las autoridades encargadas de recibir quejas y dar soluciones no le han brindado un servicio adecuado.
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