El gobernador Alejandro Armenta anunció que su administración prepara un proceso judicial contra la concesionaria Agua de Puebla para Todos, debido a presuntas irregularidades en la operación del servicio, entre ellas el cobro del proceso de potabilización sin realizarlo, así como obras ejecutadas sin autorización del organismo regulador.
Durante una conferencia en la Ciudad de México, Armenta calificó la concesión otorgada en 2013 —entonces bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle— como un esquema “leonino” y con violaciones a la Constitución local. Señaló que el modelo permitió a la empresa operar el suministro de agua y saneamiento bajo condiciones que resultaron desfavorables para el estado
El mandatario afirmó que Agua de Puebla cobra en cada recibo por la potabilización, pero no realiza dicho procedimiento, lo que motivó la integración de expedientes para iniciar acciones legales. Añadió que se han identificado incumplimientos en inversiones comprometidas, incluidos más de mil millones de pesos en obras no autorizadas ejecutadas entre 2022 y 2024, según el Soapap.
Armenta vinculó este litigio con los trabajos de saneamiento del río Atoyac y el lago de Valsequillo, donde su administración —en coordinación con el gobierno federal— avanza en un tramo de hasta 109 kilómetros, con 30 kilómetros intervenidos hasta ahora. Indicó que la descarga de agua sin tratamiento por parte de la concesionaria incide en los niveles de contaminación de la cuenca.
El gobierno estatal adelantó que, aunque la cancelación total del contrato implicaría altos costos, evalúa alternativas para retomar control del servicio, entre ellas la adquisición de una participación mayoritaria. Paralelamente, continúa la integración de expedientes para proceder judicialmente por incumplimiento del título de concesión
Deja un comentario