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Sheinbaum exige investigar contratos del INE desde gobiernos pasados

Sheinbaum exige investigar contratos del INE desde gobiernos pasados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a los partidos de oposición de intentar desacreditar las elecciones federales de 2027 mediante el escándalo de presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que las investigaciones sobre la red de proveedores de material electoral deben remontarse a administraciones anteriores y no limitarse al periodo de Guadalupe Taddei Zavala.

Durante la Conferencia del Pueblo de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria afirmó que sus adversarios políticos buscan utilizar el caso para generar desconfianza sobre los próximos comicios, al vincular las anomalías detectadas con la gestión de la expresidenta del organismo electoral y su presunta cercanía con Morena.

Sheinbaum consideró que la oposición atraviesa un escenario de baja credibilidad y respaldo en las encuestas, por lo que, desde su perspectiva, pretende trasladar la controversia administrativa y las investigaciones en curso al terreno electoral.

“¿Qué hay en el fondo? Querer desacreditar la elección de 2027″, expresó al referirse a las críticas de los partidos opositores sobre la situación que enfrenta el instituto.

La presidenta insistió en que las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales no comenzaron durante la administración de Taddei, sino que responden a una estructura de proveedores que, aseguró, ha obtenido contratos durante varios años en distintos organismos electorales del país.

Por ello, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ampliar las revisiones y esclarecer el origen de los contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por concentrar una parte importante de las operaciones de suministro de materiales para los procesos electorales.

“Que se investigue todo, pero desde antes”, sostuvo Sheinbaum, al señalar que el grupo de contratistas se habría beneficiado de adjudicaciones en distintas elecciones, con precios que variaban considerablemente dependiendo del organismo y la entidad contratante.

La mandataria consideró que el punto central de las investigaciones debe ser identificar cómo se conformó ese esquema de contratación, quiénes participaron y qué funcionarios pudieron haber intervenido en las operaciones. También planteó que, si las auditorías encuentran elementos constitutivos de delito, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá intervenir conforme a sus atribuciones.

Cuestiona antecedentes del IFE y el INE

En su posicionamiento, Sheinbaum también hizo referencia a los antecedentes del organismo electoral y cuestionó su actuación durante procesos presidenciales anteriores.

“Ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006”, declaró. Asimismo, recordó las denuncias sobre compra de votos durante las elecciones de 2012, al considerar que tampoco fueron investigadas con la profundidad necesaria.

La presidenta extendió sus señalamientos a las administraciones posteriores, particularmente al periodo comprendido entre 2014 y 2024, cuando, de acuerdo con las investigaciones presentadas por distintas instancias, se habrían mantenido prácticas de concentración de contratos y posibles conflictos de interés en la adquisición de materiales electorales.

Los señalamientos se relacionan con los hallazgos de la ASF y del Órgano Interno de Control del INE, que han identificado operaciones millonarias con empresas proveedoras y posibles irregularidades en los procedimientos de contratación. Entre los aspectos bajo revisión se encuentran la concentración de adjudicaciones, posibles sobreprecios, vínculos entre compañías y servidores públicos, así como operaciones con empresas de reciente creación.

De acuerdo con los reportes de auditoría difundidos hasta ahora, dos grupos empresariales acumularon operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026 con distintas entidades públicas, principalmente organismos electorales. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas y corresponde a las autoridades determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

Elecciones de 2027 están garantizadas, afirma

Frente a las dudas sobre la capacidad operativa del INE para organizar los próximos comicios, Sheinbaum aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y que su realización corresponde al actual Consejo General del instituto, así como a la Cámara de Diputados, instancia encargada de elegir a quien ocupará la presidencia definitiva del organismo.

La mandataria sostuvo que la continuidad de los trabajos electorales no debe verse comprometida por las investigaciones y la salida de Guadalupe Taddei, quien dejó el cargo en medio de los señalamientos relacionados con los proveedores de material electoral. Actualmente, Blanca Yassahara Cruz García ocupa la presidencia provisional.

Sobre el presupuesto aprobado para el próximo año, Sheinbaum señaló que el INE contará con alrededor de 36 mil millones de pesos, después del ajuste realizado por la Cámara de Diputados, y afirmó que la cantidad es similar, en términos reales, a la asignada en 2024 una vez considerada la inflación.

La Cámara baja aprobó una reducción cercana a los 6 mil millones de pesos respecto de los recursos solicitados por el organismo para 2027. El ajuste se da en un momento en que el instituto debe preparar la organización de las elecciones intermedias, además de revisar sus procedimientos de contratación y garantizar el suministro de boletas y otros materiales.

Pese a este escenario, la presidenta reiteró que existen condiciones presupuestales y operativas para desarrollar la jornada electoral, por lo que descartó que las investigaciones sobre los contratos representen un impedimento para cumplir con esa responsabilidad.

Finalmente, al ser cuestionada sobre el paradero de Guadalupe Taddei y del empresario Alfredo Hernández Casillas, Sheinbaum dijo que no tiene conocimiento de que alguno haya abandonado el país. Explicó que el Instituto Nacional de Migración considera privados los datos de movimientos migratorios y que el Gobierno federal no cuenta con información que confirme su salida del territorio nacional.

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