La aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales en el Senado terminó por excluir una prohibición nacional de las corridas de toros y las peleas de gallos, luego de la presión ejercida por organizaciones taurinas y sectores vinculados a estas actividades. La legislación reconoce a los animales como seres sintientes, pero dejó en manos de los congresos estatales la facultad de regular, restringir o mantener ambos espectáculos.
La decisión representó un revés para grupos animalistas que buscaban una prohibición federal. Durante las negociaciones finales se incorporó una reserva al artículo 78 que permitió conservar la regulación local de la tauromaquia y las peleas de gallos. De esta forma, las entidades federativas seguirán determinando si estas prácticas permanecen vigentes en sus territorios.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la exclusión de la tauromaquia de la ley respondió precisamente a que la regulación corresponde a los estados. Como ejemplo citó a la Ciudad de México, donde las corridas continúan permitidas bajo un esquema distinto al tradicional, mientras que otras entidades han optado por prohibirlas.
Tras la votación, organizaciones agrupadas en Tauromaquia Mexicana celebraron el resultado al considerar que se respetó la legalidad de la fiesta brava, su carácter cultural y las libertades relacionadas con su práctica. El sector sostuvo que el Senado evitó una prohibición generalizada y preservó la capacidad de decisión de los congresos locales.
En este proceso destacó la figura de Pedro Haces Barba, diputado federal de Morena, empresario ganadero y uno de los principales defensores de la tauromaquia en México. Conocido en el medio taurino como “Mr. Bull”, sobrenombre adquirido por su participación en la crianza de toros de lidia y su cercanía con el sector, Haces se ha convertido en uno de los promotores políticos más visibles de la fiesta brava.
Desde el Congreso y en espacios públicos ha defendido las corridas de toros y las peleas de gallos bajo argumentos económicos, culturales y laborales, al señalar que estas actividades generan empleos y forman parte de tradiciones arraigadas en varias regiones del país.
Aunque la nueva ley establece mecanismos de protección animal y reconoce derechos para los animales, el debate sobre la prohibición de espectáculos que implican la muerte de toros y gallos quedó trasladado a los estados, donde continuará la disputa entre organizaciones animalistas y defensores de la tauromaquia.
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