ZACATECAS. – La tensión laboral en el sector minero ha escalado a nivel internacional. Un análisis del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC acusó formalmente a la empresa canadiense Orla Mining, operadora de la mina Camino Rojo, de utilizar grupos delictivos para coaccionar a sus empleados.
Según la resolución preliminar, la minera habría permitido actos de violencia y amenazas de muerte contra trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero. El objetivo de estas agresiones era forzar a los mineros a abandonar su gremio actual para unirse a un sindicato de protección patronal.
A pesar de la contundencia de los hallazgos del panel internacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechazó la resolución. El Gobierno de México argumenta que los panelistas excedieron sus facultades al atribuir directamente a la empresa actos de coerción, sosteniendo que las evidencias presentadas son insuficientes para vincular a la directiva con el crimen organizado.
Por su parte, el panel del T-MEC reiteró que las acciones hostiles no fueron solo de contratistas externos, sino que contaron con la participación de personal directo de Orla Mining, lo que representa una grave denegación de derechos laborales bajo el tratado comercial.
Este señalamiento surge en un contexto crítico de inseguridad para el gremio en México. Recientemente, se reportó el rapto de 10 mineros en Sinaloa a manos de facciones del Cártel de Sinaloa, así como accidentes fatales en otras minas del país.
La disputa ocurre además en las vísperas de la revisión general del T-MEC programada para julio de 2026. Si el mecanismo determina sanciones definitivas contra México, el país podría enfrentar la pérdida de beneficios arancelarios y el bloqueo de mercancías en la frontera con Estados Unidos y Canadá.
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