La organización política SOMOS exigió al gobierno federal reconocer la crisis de desapariciones en México como una emergencia nacional de derechos humanos, al señalar que el país acumula más de 133 mil personas desaparecidas o no localizadas y registra un promedio de 35 desapariciones diarias.
En un pronunciamiento emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Des- apariciones Forzadas, la agrupación sostuvo que México enfrenta una de las principales crisis de derechos humanos de su historia y acusó a las autoridades de minimizar la dimensión del problema.
De acuerdo con la organización, durante 2025 se contabilizaron 12 mil 961 desapariciones, cifra que identificó como la más alta de los registros recientes. Asi mismo, indicó que más de cinco de los casos que se reportan diariamente corresponden a niñas, niños o adolescentes.
SOMOS señaló que, al 8 de junio de 2026, existían 18 mil 104 menores de edad desaparecidos o no localizados en el país. De ese total, 6 mil 685 correspondían a adolescentes mujeres de entre 12 y 17 años.
La organización también advirtió sobre la cri forense que enfrenta el país y citó estimaciones que refieren la existencia de alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar y cerca de 5 mil fosas clandestinas.
Ante este panorama, pidió la implementa- ción de una política nacional de Estado para atender las desapariciones, con presupuesto específico, metas, responsables definidos y mecanismos de evaluación de resultados.
Ante este panorama, pidió la implementa- ción de una política nacional de Estado para atender las desapariciones, con presupuesto específico, metas, responsables definidos y mecanismos de evaluación de resultados.
Además, demandó medidas de protección para madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas, así como el for- talecimiento de los procesos de búsqueda, identificación forense y restitución de restos a sus familias.
La agrupación también cuestionó la respues- ta del gobierno federal ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de remitir la situación de México para su consideración en instancias internaciona- les, al considerar que el Estado debe asumir plenamente sus obligaciones en la materia.
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