Nota periodística ajustada
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración ha mantenido diálogo con diversas áreas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al próximo informe del organismo sobre desaparición forzada, al considerar que el documento no reconoce adecuadamente las acciones implementadas por el Gobierno de México en el último año.
Durante la Mañanera Del Pueblo de este miércoles 23 de septiembre, la mandataria marcó una diferencia conceptual y jurídica entre la desaparición forzada y la categoría general de personas desaparecidas o no localizadas. Sostuvo que la desaparición forzada implica una responsabilidad institucional directa.
“Tiene que ver con que la desaparición la provocó una autoridad y que fue ordenada desde el Estado”, declaró Sheinbaum, descartando que esta práctica constituya una política estatal en el país.
En ese sentido, la presidenta señaló que dentro del universo de registros existen personas que abandonaron sus hogares de manera voluntaria por diversos motivos sin notificar a sus familias. Según sus declaraciones, las autoridades han localizado a más de 300 mil personas bajo distintos esquemas de búsqueda y verificación, dato que permanece sujeto a la precisión del desglose oficializado por las instancias de búsqueda.
Coordinación con la FGR e identificación forense
Como parte de la estrategia nacional, Sheinbaum informó que el Ejecutivo colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) para acelerar los procesos de identificación humana de personas fallecidas no reclamadas. Entre los ejes prioritarios destacó la consolidación de herramientas científicas, tales como el fortalecimiento de los procedimientos forenses y la operación de un banco nacional de ADN.
Al ser cuestionada sobre si su gobierno respaldará el informe de la ONU, la mandataria condicionó la postura oficial a la revisión final del contenido:
“Depende”, respondió Sheinbaum, reiterando la apertura de su administración para mantener la cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, siempre que se incorporen las comprobaciones y avances presentados por el Estado mexicano.
El intercambio ocurre en el marco del seguimiento a los compromisos de México ante la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyos mecanismos de supervisión han defendido la independencia y rigurosidad técnica de sus evaluaciones.
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