Jesús Ramírez Cuevas, excoordinador general de Comunicación Social de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual funcionario federal, difundió un pronunciamiento público en el que rechaza señalamientos recientes en su contra y los atribuye a una campaña mediática y política. Publicó un documento en su cuenta oficial de X el 11 de febrero
En el mensaje, Ramírez Cuevas sostiene que las acusaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales carecen de pruebas y que se trata de información falsa presentada como revelaciones periodísticas. Afirma que los señalamientos están relacionados con presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, vínculos con delincuencia organizada y financiamiento ilícito, los cuales niega de manera categórica. Añade que, en su opinión, dichas versiones buscan afectar al movimiento de la Cuarta Transformación y a los gobiernos federales recientes
El pronunciamiento se difundió tras la publicación del libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, en el que se menciona a Ramírez Cuevas en relación con decisiones tomadas durante el sexenio anterior, particularmente un decreto relacionado con indemnizaciones a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Diversos medios han retomado fragmentos del libro y reportes derivados de su contenido, señalando una presunta afectación al erario federal de hasta 27 mil millones de pesos, de acuerdo con lo expuesto por los autores
Ramírez Cuevas rechaza esos señalamientos y asegura que nunca utilizó recursos públicos con fines personales o políticos, ni participó en el financiamiento de campañas electorales. En el documento difundido en redes sociales, también niega haber mantenido relaciones personales o políticas con delincuentes, empresarios o banqueros con fines ilícitos, así como cualquier vínculo con actividades relacionadas con el huachicol fiscal. En ese sentido, reta a sus detractores a presentar pruebas ante las autoridades judiciales correspondientes
En su mensaje, el funcionario también se refiere a su labor como responsable de la comunicación social del gobierno federal, señalando que no ordenó censurar medios, condicionar la cobertura informativa, ni promover el uso de bots o campañas digitales encubiertas. Afirma que su actuación se limitó a las funciones institucionales de su cargo y que respetó la libertad de expresión y el derecho a la información
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