En Francia compensarán a negocios pero no hablan de soluciones a demandas sociales

El gobierno de Emmanuel Macron anunció este martes un paquete extraordinario de apoyos para miles de comercios saqueados o dañados durante los disturbios del fin de semana en Francia, mientras la respuesta inmediata a la crisis se concentra en indemnizaciones, créditos, toques de queda y un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha presentado un nuevo paquete de medidas concretas que responda al conjunto de demandas sociales que alimentaron las movilizaciones, aunque Macron convocó a estudiantes, profesores, sindicatos, legisladores y empresarios para elaborar propuestas.

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre entre estudiantes de secundaria que reclamaban mejores condiciones educativas y se extendieron posteriormente hacia otros sectores inconformes por el costo de vida, el encarecimiento de los combustibles y el deterioro de los servicios públicos. El conflicto acumula así alrededor de cinco semanas y alcanzó su punto de mayor tensión el sábado 17 de octubre.

Ese día, cientos de miles de personas participaron en manifestaciones en distintas ciudades francesas. Aunque una parte importante de las movilizaciones transcurrió pacíficamente, en París y otras ciudades se registraron enfrentamientos con la policía, incendios, ataques contra edificios públicos y saqueos.

Los disturbios continuaron durante el domingo 18. El saldo acumulado superó las 2 mil 400 detenciones y aproximadamente 3 mil establecimientos comerciales resultaron afectados en todo el país, de acuerdo con los balances difundidos después de la jornada.

Este martes 20 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó oficialmente que fueron “varios miles” los comercios afectados y presentó un conjunto de medidas económicas para ayudarlos a reanudar sus actividades.

El Estado asumirá íntegramente el costo del mecanismo de actividad parcial para las empresas obligadas a cerrar o reducir sus operaciones. Los trabajadores que temporalmente no puedan laborar recibirán una indemnización equivalente a 60 por ciento de su remuneración bruta y quienes perciban el salario mínimo recibirán el equivalente al ciento por ciento.

Las empresas perjudicadas podrán además aplazar hasta durante 12 meses determinadas cotizaciones patronales correspondientes a los próximos tres meses.

El gobierno también autorizó facilidades para el pago de impuestos, eliminación de determinadas penalizaciones y una aceleración en la devolución de créditos fiscales para proporcionar liquidez a los negocios afectados.

Bpifrance ofrecerá préstamos a tasa cero de hasta 50 mil euros, con un plazo de tres años, para que los establecimientos puedan recuperar inventarios y afrontar sus obligaciones inmediatas.

Las cámaras de artesanos activaron asimismo un fondo de solidaridad que permitirá entregar ayudas urgentes de hasta mil 500 euros.

Los seguros seguirán siendo la principal vía para cubrir los daños materiales. Las compañías ampliaron hasta 30 días el plazo para presentar las declaraciones de siniestro y se comprometieron a proporcionar anticipos en los casos considerados más urgentes.

Las medidas económicas contrastan con la falta, hasta este martes, de nuevos anuncios equivalentes dirigidos al conjunto de las demandas que dieron origen a las movilizaciones.

El movimiento comenzó entre estudiantes que reclamaban profesores suficientes para cubrir ausencias, mejores instalaciones, cambios en las condiciones de estudio y modificaciones al funcionamiento del sistema educativo.

Las manifestaciones posteriormente confluyeron con otros sectores que protestan contra el aumento del costo de vida, el precio de los combustibles y el deterioro de los servicios públicos.

El gobierno había realizado algunas concesiones antes de los disturbios del fin de semana, particularmente frente a las demandas educativas. Sin embargo, éstas no fueron suficientes para terminar con las movilizaciones.

Después de la violencia del sábado y domingo, la respuesta oficial se desplazó principalmente hacia el terreno de la seguridad.

Macron condenó los saqueos y ataques contra edificios públicos, mientras el gobierno autorizó restricciones nocturnas en determinados puntos del país.

En París se estableció un toque de queda nocturno en dos zonas, entre ellas la plaza de la República y Les Halles. Otras ciudades aplicaron restricciones localizadas, algunas exclusivamente para menores de edad. No existe, por tanto, un toque de queda nacional.

Las restricciones permitieron una reducción de los incidentes durante la noche del lunes al martes, según las autoridades.

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este martes un reforzamiento adicional de la seguridad para las próximas movilizaciones, incluida la participación de militares en tareas de protección de determinados sitios, con el propósito de liberar efectivos policiales. También reconoció deficiencias en la anticipación y respuesta de las autoridades frente a los disturbios del fin de semana.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, asumió responsabilidad por esas fallas y presentó su renuncia, pero Macron decidió mantenerlo en el cargo.

Mientras el Ejecutivo concreta apoyos económicos para los negocios y endurece el dispositivo de seguridad, la respuesta política a las causas de la movilización permanece abierta.

Macron anunció que reunirá a estudiantes, docentes, sindicatos, parlamentarios y representantes empresariales para buscar “propuestas concretas”, pero hasta este martes no había presentado las medidas que resultarían de ese diálogo ni un calendario preciso para su aplicación.

Las organizaciones movilizadas, por su parte, no han dado por concluido el movimiento.

El conflicto francés entra así en una nueva etapa: después de alrededor de cinco semanas de protestas, el gobierno ya estableció mecanismos concretos y cuantificables para auxiliar a los comercios afectados por los saqueos y desplegó nuevas medidas para contener la violencia, pero todavía está pendiente una respuesta integral a las demandas sobre educación, servicios públicos y costo de vida que precedieron a los disturbios.