La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla responsabilizó a las administraciones del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y del expresidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, por la autorización y las deficiencias de planeación del relleno sanitario intermunicipal, cuya operación ha provocado un conflicto ambiental que mantiene movilizadas a comunidades de la región.
En un comunicado difundido el domingo 8 de noviembre, la dependencia estatal señaló que la concesión del relleno sanitario, ubicado en el camino a Calpan, fue autorizada en diciembre de 2015, durante el gobierno estatal encabezado por Moreno Valle y la administración municipal de Espinosa Torres, sin que se realizara una evaluación adecuada del proyecto y de la gestión de residuos.
El pronunciamiento se produjo mientras la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua mantenía un plantón sobre la carretera Cholula–Huejotzingo, iniciado el miércoles 4 de noviembre, para exigir que se cumplan las obligaciones de cierre y restauración ambiental del antiguo depósito.
Durante las primeras horas de este lunes, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que, después de diversas mesas de negociación con representantes comunitarios y autoridades estatales, se permitió la circulación por uno de los carriles de la carretera federal México–Puebla, en su tramo Cholula–Huejotzingo. La reapertura completa de la vialidad todavía estaba pendiente.
Señalan decisiones tomadas durante el gobierno de Moreno Valle
En el comunicado SMADSOT 039/2026, el gobierno estatal atribuyó a administraciones anteriores del Partido Acción Nacional y de la coalición Puebla Unida la autorización de la concesión que permitió operar el relleno sanitario.
La dependencia identificó particularmente al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y al ayuntamiento que encabezaba José Juan Espinosa Torres. De acuerdo con su posicionamiento, el proyecto fue aprobado sin una evaluación suficiente de su desarrollo ni de las condiciones necesarias para manejar adecuadamente los residuos sólidos, situación que, sostuvo, contribuyó a los problemas ambientales denunciados actualmente por comunidades de la región.
En 2015, Espinosa Torres gobernaba San Pedro Cholula como militante de Movimiento Ciudadano, mientras Moreno Valle encabezaba la administración estatal. El comunicado menciona a ambas administraciones, aunque no incorpora los documentos de concesión ni detalla qué autorizaciones y evaluaciones correspondieron a cada autoridad.
La SMADSOT tampoco precisa si se han iniciado procedimientos para determinar responsabilidades administrativas de los exfuncionarios mencionados.
Por ello, el señalamiento constituye una atribución política e institucional sobre el origen del problema, distinta de las responsabilidades administrativas que la propia dependencia asegura haber determinado contra la empresa concesionaria.
Cinco procedimientos contra Pro-Faj Hidrolimpieza
La Secretaría de Medio Ambiente confirmó que inició y resolvió cinco procedimientos administrativos relacionados con la operación del relleno sanitario, en los cuales determinó responsabilidad de Pro-Faj Hidrolimpieza por afectaciones vinculadas con el sitio.
Como consecuencia de estas actuaciones, la dependencia anunció sanciones económicas contra la concesionaria, aunque no informó los montos de las multas ni dio a conocer las resoluciones completas.
La titular de la SMADSOT, María de los Ángeles Ballesteros García, había señalado previamente que la empresa debe restaurar las condiciones del terreno existentes antes de las obras de ampliación del depósito.
El relleno sanitario permanece clausurado por disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que estableció su cierre definitivo en agosto de 2024 debido al incumplimiento de medidas correctivas y a irregularidades relacionadas con la normatividad ambiental.
La clausura se relacionó con las obligaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece especificaciones de protección ambiental para los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
No obstante, las comunidades inconformes han insistido en que el cierre administrativo no resolvió los problemas que quedaron dentro del predio.
La existencia de procedimientos y sanciones tampoco acredita, por sí sola, que las labores de remediación hayan concluido.
Pro-Faj no firmó una minuta de compromisos, denuncian
El domingo, las negociaciones para levantar el bloqueo enfrentaron un nuevo obstáculo.
Después de una mesa de trabajo entre representantes comunitarios, autoridades estatales y municipales y la empresa concesionaria, los inconformes denunciaron que Pro-Faj Hidrolimpieza se negó a firmar ante notario público una minuta que contenía compromisos relacionados con la remediación del relleno sanitario.
Según los reportes sobre el encuentro, las conversaciones se prolongaron durante más de seis horas sin que se formalizaran los acuerdos con la empresa.
Ante esta situación, representantes de los pueblos anunciaron que mantendrían el plantón por tiempo indefinido y advirtieron que podrían extender las movilizaciones al bulevar Aeropuerto, en Huejotzingo, dependiendo del resultado de una nueva reunión prevista para el martes 10 de noviembre.
Sin embargo, durante las primeras horas del lunes, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que los consensos alcanzados con los representantes comunitarios habían permitido liberar un carril de la carretera.
La administración municipal, encabezada por Tonantzin Fernández Díaz, afirmó que los gobiernos estatal y municipal asumirán acciones y compromisos para atender las demandas, con la exigencia de que Pro-Faj cubra posteriormente los costos operativos y de materiales.
La autoridad local estimó que la circulación podría restablecerse completamente en las próximas horas, aunque no confirmó que la totalidad de la carretera estuviera ya abierta.
Lixiviados, excavación y maquinaria, las exigencias principales
Las comunidades mantienen tres demandas centrales para considerar atendido el conflicto ambiental.
La primera consiste en extraer los lixiviados acumulados dentro del relleno sanitario, garantizar su tratamiento y disposición adecuada y reparar las estructuras de almacenamiento para impedir nuevas filtraciones.
Los manifestantes han advertido sobre posibles afectaciones a los mantos acuíferos de la región y reclaman que las autoridades transparenten el destino de los líquidos retirados del predio.
La segunda exigencia es rellenar una excavación de grandes dimensiones realizada durante las obras de ampliación del depósito, cuyo estado actual representa uno de los principales motivos de inconformidad.
La tercera consiste en retirar la maquinaria recicladora que permanece en el lugar, pues los habitantes consideran que su presencia contradice los compromisos de cierre definitivo del relleno.
El viernes 6 de noviembre, representantes de más de 20 comunidades se manifestaron frente a las instalaciones de la SMADSOT, sobre la Recta a Cholula, donde denunciaron retrasos en los trabajos de restauración y acusaron a las autoridades de presentar como avances acciones que todavía no se traducían en resultados.
Durante esa protesta llevaron camiones de volteo y ofrecieron utilizarlos para transportar tierra hacia el antiguo basurero, con la finalidad de comenzar a cubrir la excavación.
El gobierno estatal y el Ayuntamiento de San Pedro Cholula han sostenido, por su parte, que comenzaron las labores de extracción de lixiviados y relleno de la excavación, aunque reconocieron que estas últimas requerirán miles de cargas de material y varias semanas de trabajo.
Prometen mantener acciones y diálogo
En su nuevo posicionamiento, la SMADSOT aseguró que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier trabaja en coordinación con las autoridades federales para mitigar las afectaciones ambientales del antiguo relleno sanitario.
La dependencia reiteró que mantendrá acciones de atención dentro de sus atribuciones y conservará abiertos los espacios de diálogo con las comunidades.
Sin embargo, los habitantes han insistido en que los compromisos gubernamentales deben acompañarse de plazos, responsables y medidas verificables que permitan comprobar el avance del saneamiento.
El conflicto plantea, además, interrogantes sobre la responsabilidad de quienes autorizaron y operaron el proyecto durante la última década, así como sobre la capacidad de las autoridades actuales para garantizar que las obligaciones ambientales se cumplan.
Mientras el gobierno estatal atribuye el origen del problema a decisiones tomadas en 2015 y anuncia sanciones contra la concesionaria, las comunidades mantienen su exigencia central: que el relleno sanitario permanezca cerrado y que el predio sea restaurado para evitar nuevas afectaciones al suelo y al agua de la región.
Deja un comentario