La iniciativa privada ha buscado evadir las normativas para continuar con proyectos que afectan al medio ambiente y a la ciudadanía, tanto en México como en Honduras. En este último país, denuncias populares han evidenciado que la playa Uva de Cayos Cochinos, en la costa atlántica hondureña, es escenario de desalojos de comunidades y de bloqueos a la reproducción de la tortuga carey para el rodaje de la nueva temporada del reality show Survivor.
De acuerdo con información del medio nacional La Jornada, detrás de las cámaras y los sets se ha instalado un cerco conformado por un centenar de policías, enviados hace cuatro días para contener el plantón de protesta de los pobladores, quienes no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad.
Los pescadores no pueden salir a faenar, las mujeres no consiguen agua y las tortugas carey, en plena temporada de desove, no pueden cumplir esta fase de su ciclo vital.
Ayer, antes del mediodía, el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula ordenó a la policía ejecutar el desalojo de “los ocupantes no autorizados”, es decir, de los garífunas, pobladores ancestrales. Pocos minutos después, en el campamento Por la Vida, instalado en esta capital hace seis semanas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), llegaron mensajes con imágenes del desembarco de la policía naval.
El sitio es propiedad del consorcio Sociedad de Inversiones Ecológicas, cuyo accionista mayoritario es Fundación Azteca Honduras, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego.
Míriam Miranda, dirigente histórica de las comunidades garífunas y coordinadora de Ofraneh, declaró en estado de alerta el campamento Por la Vida después de leer la orden judicial emitida en San Pedro Sula y anunciada hoy. “Se está fraguando una represión terrible. Una vez más nos violentan”, advirtió. Luego de una reunión de urgencia con varios de los líderes comunitarios presentes, anunció: “Ante esta orden de desalojo, vamos a los Cayos a instalarnos en plantón por tiempo indefinido”.
Asimismo, señaló de manera directa a Salinas Pliego como responsable de esta escalada y de la potencial “terrible crisis” que pueda desencadenar el desalojo. Según la información obtenida por la organización, Grupo Salinas y otros consorcios hondureños, en los que se repiten los mismos nombres que en casi todos los corporativos controlados por la cerrada oligarquía del país, son los responsables.
El acoso a los pobladores de los Cayos es apenas el capítulo más reciente de un conflicto que ha existido bajo los gobiernos conservadores y militares del país, y que se ha agudizado con los nuevos lineamientos de la extrema derecha de Nasry Asfura.
En mayo, el Poder Legislativo aprobó la llamada “Ley Agropecuaria”, que protege explícitamente los intereses privados en los megaproyectos agroindustriales —principalmente de palma africana—, turísticos, inmobiliarios de alta gama, ganaderos y energéticos.
Este conjunto de nuevas legislaciones considera dichos proyectos “prioridad de interés nacional” y determina que cualquier movimiento que pretenda oponerse sea penalizado como “amenaza contra el interés nacional”.
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