La Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles atraviesa una fractura entre la representación estudiantil y quienes hasta hace unos días participaron en su defensa jurídica: las alumnas retiraron públicamente su respaldo al abogado Alejandro de Jesús Martínez Martínez y a las abogadas Miriam Estrada y Bernadette Sanabria Navarrete, mientras el Centro de Derechos Humanos “José Revueltas” respondió acusando a la dirigencia estudiantil de haber cedido ante los gobiernos federal y de Puebla.
La ruptura resulta particularmente significativa porque durante casi dos semanas las normalistas se movilizaron en Puebla y la Ciudad de México precisamente para exigir la liberación de Martínez Martínez, detenido el 26 de agosto y posteriormente vinculado a proceso por hechos relacionados con el conflicto que desde 2025 enfrenta la institución.
El cambio quedó formalizado en un comunicado fechado el 9 de septiembre y firmado por el Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre”.
“La base estudiantil de nuestra Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’ retira todo respaldo y apoyo al abogado Alejandro de Jesús Martínez Martínez al igual que a las abogadas Miriam Estrada y Bernadette Sanabria Navarrete”, señala el documento.
Las estudiantes sostuvieron que los tres “han utilizado el nombre y las problemáticas de nuestra institución de manera conveniente a sus propios intereses, sin representar actualmente la voluntad ni las decisiones de nuestra base estudiantil”.
De exigir su libertad a desconocerlo
El pronunciamiento supone un viraje respecto de la posición que las normalistas mantuvieron desde la detención de Martínez Martínez.
El abogado fue detenido el 26 de agosto en la Ciudad de México y trasladado a Puebla. La Fiscalía General del Estado lo acusa por hechos ocurridos el 19 de agosto de 2025, cuando presuntamente habría instruido a integrantes del Comité Estudiantil para impedir el ingreso a la Normal de directivos, docentes y representantes de diversas instituciones.
Las alumnas rechazaron inicialmente esa versión y defendieron públicamente al litigante. En declaraciones realizadas después de su captura aseguraron que Martínez “no ha hecho otra cosa más que ayudarnos en la parte jurídica de la normal”.
Su liberación se convirtió entonces en una de las principales exigencias de las movilizaciones realizadas ante Casa Aguayo y la Fiscalía de Puebla y, posteriormente, en la Ciudad de México, donde las normalistas mantuvieron durante varios días un plantón en Eje Central.
Ahora, el Consejo Estudiantil no solamente retiró su respaldo al abogado, sino que estableció que cualquier declaración o gestión realizada por éste o por las dos abogadas ya no representa a la comunidad estudiantil.
“Nos deslindamos de manera pública y contundente de cualquier declaración, acción, gestión o postura que sea emitida por él o por alguna representación por parte de este mismo utilizando el nombre de nuestra escuela”, puntualizaron.
José Revueltas acusa ruptura inducida desde el gobierno
La respuesta llegó este 10 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos “José Revueltas” y la Confederación de Estudiantes de México difundieron un comunicado en el que rechazaron implícitamente el deslinde y atribuyeron el rompimiento a una presunta intervención política de los gobiernos federal y estatal.
La organización sostiene que el distanciamiento se produjo después de la negociación mediante la cual las normalistas levantaron, el 7 de septiembre, el plantón que mantuvieron durante cinco días en Eje Central.
Según su versión, durante una mesa realizada en instalaciones de la Fiscalía de Puebla se impidió el acceso de integrantes del equipo jurídico de Martínez Martínez y posteriormente las estudiantes abandonaron la capital poblana.
El Centro José Revueltas fue todavía más lejos y reprochó directamente la actuación de la representación estudiantil.
“Lamentamos que el Consejo y la base estudiantil de la Normal Rural ‘Carmen Serdán’ de Teteles, hayan entregado su independencia política a los gobiernos estatal y federal, y actúen como un instrumento del poder del Estado”, afirmó.
La agrupación calificó los acontecimientos como una operación de “contrainsurgencia e infiltración” contra el normalismo rural y anunció que mantendrá la defensa de Martínez Martínez. Estas acusaciones corresponden a la postura del Centro José Revueltas y no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.
Dos versiones enfrentadas
La confrontación deja públicamente enfrentados a actores que hasta hace unos días aparecían dentro de una misma causa.
Por un lado, las estudiantes aseguran que Martínez Martínez, Estrada y Sanabria utilizaron los problemas de la institución conforme a intereses propios y dejaron de representar la voluntad de la base. Por otro, el Centro José Revueltas sostiene que la ruptura fue resultado de presiones y acciones gubernamentales.
Ninguno de los dos comunicados permite establecer, por sí mismo, qué tan extendidas están estas diferencias dentro de la totalidad de la comunidad estudiantil. Lo que sí documentan es una ruptura entre el Consejo Estudiantil y el grupo de abogados y defensores que hasta ahora acompañaba públicamente su movimiento.
Mientras esa disputa emerge, permanece sin resolverse el asunto que detonó las movilizaciones recientes: Alejandro de Jesús Martínez Martínez continúa vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva por el caso investigado por la Fiscalía de Puebla.
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