El Gobierno federal se comprometió a presentar antes del 26 de septiembre un nuevo informe sobre los avances en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de intensificar las gestiones para concretar las extradiciones que siguen pendientes.
El compromiso se dio durante la reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a casi 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La Secretaría de Gobernación informó que también se reforzarán las tareas de búsqueda, se agotarán las líneas de investigación que permanecen abiertas y se acelerará el análisis de la información recabada durante los últimos años.
Entre las extradiciones pendientes se encuentra la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014 y es señalado dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
Horas antes del encuentro con los padres, Sheinbaum adelantó que serían presentados avances relacionados con nuevas líneas de investigación y detenciones. Entre estas últimas mencionó la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
La presidenta señaló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, preparar la información y que espera el acuerdo de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para que los resultados puedan hacerse públicos antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los normalistas.
Sheinbaum sostuvo que los avances representan un paso relevante, aunque reiteró que el objetivo del Gobierno federal es conocer la verdad, garantizar justicia y encontrar a los estudiantes.
Por la noche, Gobernación detalló que durante la reunión fueron presentadas a las familias cuatro líneas prioritarias que concentran las diligencias recientes. Entre ellas se encuentran las nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores considerados relevantes para esclarecer lo ocurrido en Iguala.
La dependencia no dio a conocer cuántas personas han sido detenidas como resultado de estas investigaciones, pero aseguró que los trabajos han permitido ampliar las indagatorias y sumar nuevos elementos al expediente.
De acuerdo con voceros de Gobernación, los familiares consideraron relevante la detención de Aguirre Rivero y demandaron que no sea puesto en libertad. También pidieron investigar su posible responsabilidad en la desaparición de videos y en las omisiones cometidas por autoridades estatales durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
En la reunión también surgieron diferencias entre integrantes del movimiento de familiares. Un grupo que anteriormente se identificaba con Felipe de la Cruz, exvocero de los padres, se deslindó de declaraciones realizadas en favor del exgobernador y anunció que dejará de contar con su acompañamiento.
Una postura similar expresaron respecto de Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, a quien acusaron de asumir posiciones individuales sin representar al conjunto de las familias.
Los familiares también cuestionaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por no haber intervenido, según sus señalamientos, ante una resolución judicial que permitió la liberación de 65 personas que podrían estar relacionadas con la desaparición de los normalistas.
De cara al 12 aniversario de los hechos, los padres adelantaron que la movilización será pacífica y solicitaron el respaldo de las autoridades capitalinas para realizarla, como ocurre cada año.
Gobernación aseguró que, en términos generales, las familias recibieron de manera positiva la información presentada durante el encuentro, aunque los reclamos y exigencias sobre justicia y esclarecimiento del caso permanecen sobre la mesa.
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