El conflicto interno en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio no logró resolverse por la vía del diálogo, por lo que el caso quedará en manos del Congreso de Puebla, que podría definir en aproximadamente dos semanas la integración de un concejo municipal, informó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
Luego de reunirse el miércoles con los regidores del municipio, el funcionario reconoció que no existe disposición entre las partes para alcanzar un acuerdo, pese a los intentos de la administración estatal por mediar entre el cabildo y la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas. De acuerdo con lo reportado por fuentes periodísticas , Aguilar Pala explicó que el diálogo se encuentra prácticamente agotado y que ahora corresponderá al Legislativo local determinar el rumbo de la administración municipal.
El funcionario sostuvo que la falta de acuerdos responde a la confrontación entre grupos antagónicos que, según dijo, buscan aprovechar la coyuntura para generar ruido político, aunque descartó que existan impedimentos formales para que el cabildo sesione. En ese escenario, aseguró que el gobierno estatal mantiene como prioridad preservar la gobernabilidad de Acatlán mientras el Congreso analiza la situación.
La crisis en el municipio de la Mixteca poblana se arrastra desde hace varias semanas. La mayoría de los regidores presentó ante los diputados locales una solicitud de revocación de mandato contra Lucero Bárcenas y pidió además la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuya revisión al Ayuntamiento continúa en proceso y hasta ahora no tiene una fecha pública para la presentación de resultados.
La eventual conformación de un concejo municipal dejaría en manos del Congreso la conducción de un gobierno local cuya estabilidad permanece en disputa, mientras la población espera certeza sobre la continuidad de los servicios públicos, la seguridad y la operación administrativa del Ayuntamiento.
El caso de Acatlán se suma a otros conflictos que involucran a gobiernos municipales de Puebla. Durante la misma entrevista, Aguilar Pala fue cuestionado sobre el amparo promovido por la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, después de la detención, el 14 de agosto, de su entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Antonio Hernández Pacheco, señalado por presunto abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
El recurso quedó radicado como expediente 914/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal y busca frenar una eventual orden de aprehensión contra la edil. A este procedimiento se sumó también el tesorero municipal, quien promovió un amparo por separado.
Aguilar Pala dijo desconocer las razones por las que Ayala Camarillo recurrió a la justicia federal y sostuvo que, desde la perspectiva del gobierno estatal, quienes no tienen responsabilidad que ocultar deben enfrentar las investigaciones correspondientes. Su postura quedó resumida en la frase: “el que nada debe, nada teme”, expresión que previamente también utilizó el diputado panista Marcos Castro al exigir explicaciones a la alcaldesa.
A esta serie de conflictos se suma Tianguismanalco, donde la detención del entonces presidente municipal Juan Pérez Moral, acusado de abuso sexual contra una trabajadora del Ayuntamiento, derivó en la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para coordinar las tareas de seguridad del municipio.
Mientras tanto, el suplente Edgar Pérez Rosas asumió la presidencia municipal. Aunque el gobierno estatal descartó que exista un vacío de poder, el caso forma parte de una serie de crisis que han obligado a intervenir en distintos ayuntamientos.
Desde diciembre de 2024, Puebla ha registrado la detención de al menos cinco alcaldes y la instalación de concejos municipales en demarcaciones como Ciudad Serdán, Tlachichuca y Ahuazotepec, ante la imposibilidad de mantener en funcionamiento regular sus cabildos.
Con Acatlán, Atlixco y Tianguismanalco, la discusión vuelve a centrarse en los mecanismos para garantizar la gobernabilidad, rendición de cuentas y continuidad administrativa cuando los conflictos entre autoridades municipales escalan hasta poner en riesgo el funcionamiento de los ayuntamientos.
Por ahora, ni los regidores ni la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas han fijado públicamente una postura sobre el plazo anunciado por la Secretaría de Gobernación, mientras tampoco se conoce un pronunciamiento de organizaciones vecinales de Acatlán. El Congreso tendrá en las próximas semanas la responsabilidad de definir el siguiente paso para el municipio, en tanto la auditoría de la ASE permanece pendiente de resultados.
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